Los asesinatos y atracos para despojar a las víctimas de un teléfono celular se deben al hecho de que las compañías telefónicas los reactivan, sin exigir la procedencia del aparato. No hay otra explicación. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se ha quejado públicamente de esta práctica irresponsable, que ha costado la vida a muchos jóvenes, en su mayoría estudiantes prometedores, y enlutado a decenas de familias, a quienes esos desalmados dejan un dolor y un vacío para el resto de sus vidas.
Cada vez que ocurre un hecho de esa naturaleza suelo preguntarme si los autores de esos horrendos asesinatos y atracos merecen un tratamiento distinto al que dan a sus víctimas. Y cada vez la realidad me pone de frente ante el espejo de una justicia corrupta que trata a esos delincuentes como si fueran ángeles enviados del cielo, por lo que quedan casi siempre libres de sanción para seguir cometiendo sus fechorías. La única posibilidad de reducir esa modalidad del crimen es imponiendo severas sanciones a las empresas que reactivan esos aparatos y exigir del Indotel normas y supervisiones más rigurosas.
Lo mismo ocurre con el hurto de propiedades públicas, como alambrado y bombillas eléctricas en calles, plazas y puentes y los llamados “ojos de gato” o de “buey”, como se llamen, y tapas de alcantarillas, y otros objetos, para venderlos en establecimientos de empeño o de artículos usados, que si bien pueden ser cientos los ladrones, son pocos quienes los compran para revenderlos o reciclarlos, razón por la que no se entiende porqué se incrementan esos hurtos.
Es obvio que hay en ambos casos alguna suerte de complicidad y de protección con asesinos, atracadores y ladrones. Esa situación continúa aumentando el nivel de inseguridad en que hoy vive una parte importante de la sociedad, que a diario lee en los medios la ocurrencia de estos hechos, que ya parecen parte de la cotidianidad dominicana.
