Entre enero y mediados de mayo de 2015 el ritmo de deportaciones de colombianos desde Venezuela se duplicó respecto al año anterior, y son decenas los casos de deportados que, al llegar a Colombia, han denunciado malos tratos, separaciones de familias y otras vejaciones. Esto ha generado críticas y quejas incluso del Presidente Santos de Colombia y la canciller María Ángela Holguín.
Por ejemplo, fue un drama en los medios el caso de Luis Manuel Bossio, detenido en su tienda en Maracaibo el pasado 17 de abril luego de 23 años viviendo en Venezuela, donde llegó cuando tenía tres años de edad. Según él cuenta, la Guardia Nacional lo subió a un vehículo junto a otras 30 personas, entre ellas mujeres con niños, dos ancianos y tres embarazadas.
Dijo Bossio a la prensa que “los trataron mal”, algo que fue secundado por otros dos colombianos que pasaron por lo mismo, Ronald Villafañe, con 14 años de residencia en Venezuela y Nairo Ramos, con 11 años de residencia, quienes narraron a los periodistas colombianos los presuntos malos tratos de que fueron víctimas. Los tres coincidieron en que fueron “tratados como animales”, que a algunos los amarraron de las manos y los pies, que no les dieron de comer ni se pudieron bañar en tres días.
También el periódico El Espectador de Colombia recoge testimonio de dos deportados discapacitados, Wilson Castro y Nilson Duarte, que alegan haber sido abandonados a kilómetros de la frontera, despojados de sus pertenencias y que tardaron horas para llegar en sus sillas de ruedas, enfermos y cansados. Estas denuncias han generado cuestionamientos a nivel internacional.
Hasta mediados de mayo se estima en 2,276 el número de colombianos deportados, frente a los 1,850 del total del 2014, deportaciones hechas por la Guardia Nacional y con denuncias de incumplimiento de protocolos ante la Oficina de Migración de Colombia.
Colombia se ha quejado por el tema y la Oficina de Migración de Colombia en Paraguachón, alega que no se cumplen los procedimientos, pues no se hace contacto oficial con autoridades colombianas para entregar a los deportados y que éstos llegan en condiciones deplorables.
La canciller María Ángela Holguín ha insistido en la necesidad de un protocolo de deportaciones y dice estar trabajando en el borrador, pero el Gobierno venezolano ha sido firme en reiterar que su política migratoria es decisión autónoma de Venezuela, aceptar o no a colombianos en su territorio.
