Cinco candidatos presidenciales de las elecciones pasadas dijeron que resulta inadmisible que la JCE declare ganadores en los tres niveles de elección sin el sustento de un acta física que compruebe la veracidad del escrutinio electrónico.Expresan que mucho más inaceptable es cuando sus delegados “han notificado diferencias importantes entre el acta de escrutinio y el acta de conteo manual en los colegios donde hubo levantamiento de acta”.
De acuerdo a un documento con las rúbricas de Luis Abinader (PRM), Minou Tavárez Mirabal (APD), Pelegrín Castillo (FNP), Soraya Aquino (PUN) y Elías Wessin Chávez, (PQDC), también denunciaron que se están produciendo presiones y maniobras sobre juntas municipales electorales en todo el territorio nacional con el fin de torcer los resultados de la voluntad popular expresada en las urnas en perjuicio de numerosos candidatos de los partidos de oposición.
El documento, respaldado con las rúbricas de Fidel Santana, presidente del Frente Amplio; Eduardo Estrella, del Partido Dominicanos por el Cambio, y de Federico Antún Batlle, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dice que rechazan “de forma categórica la acción de la Junta Central Electoral la noche del 15 de mayo, día de las elecciones, de empezar a transmitir de manera electrónica supuestos resultados electorales preliminares sin valor jurídico alguno, apenas minutos después de concluir la extensión de las votaciones hasta las 7:00 p.m. que la propia JCE había otorgado, cuando aún seguían ciudadanos votando, incluyendo los propios miembros de los colegios electorales”.
Sostienen que la JCE violó el compromiso que hizo con los partidos de oposición y los observadores internacionales, así como una resolución aprobada por el pleno del organismo, en el cual el escrutinio manual prevalecería sobre el electrónico.
Expresan que la transmisión del escrutinio electrónico produjo una gran confusión en todos los miembros de los colegios electorales, “violando con ello todos los preceptos legales y los precedentes históricos”.
En el documento no aparece el nombre de Alianza País ni del Partido Revolucionario Social Demócrata, de Guillermo Moreno y Hatuey de Camps, respectivamente.