Las veedurías son herramientas de participación ciudadana para observar, con privilegios, los negocios en que participa el Estado y sus funcionarios. Las veedurías serían unas herramientas eficientes y eficaces si quienes nombren a dichos veedores no son los mismos a quienes hay que “veer”. ¿Por qué son necesarias las veedurías? Porque existe la corrupción en el Estado. La corrupción es la conducta que se desvía de los deberes formales y jurados en una función pública, para obtener beneficios personales para el funcionario y su entorno de familiares, amigos, socios políticos o económicos. ¿Qué razón de ser tiene crear veedurías si el gobierno que las impulsa no les hace ni el más mínimo caso a los informes oficiales de auditorías, hechos por el organismo encargada de auditar las cuentas de los ministerios y organismos estatales?. El caso más reciente y escandaloso, por el turpén involucrado, es el de la Superintendencia de Seguros. En esa dependencia su “Súper” dilapida, reparte, comparte, usufructúa y hace lo que le da la gana con algo tan serio como el organismo regulador y supervisor de los seguros privados en el país. En ese caso, el veedor oficial (La Cámara de Cuentas) emite una auditoría con pruebas de que allí la cosa anda muy mal, y no pasa nada. La cultura de la honestidad no merodea por predios en que quien manda y resopla es un “sangrú” intocable.
Pero no sólo el organismo oficial para “veer”, con profesionales y técnicos especializados, son quienes ven las irregularidades, desmanes e indelicadezas de los funcionarios; también lo ven los periodistas. Los periodistas independientes son la mejor veeduría que pueda tener la población para ver por donde está supurando el enfermo. No hay mejor veedor que un periodista no nombrado oficialmente como tal; sino haciendo su trabajo desde su medio, sin ataduras oficiales.
La Cámara de Cuentas denuncia que más de 45 cabildos cometieron faltas graves; y no pasa nada. La Cámara de Cuentas de República Dominicana informa que ha enviado 67 auditorías a la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) desde el 2006 hasta la fecha, para fines de investigación, y agrega que dichas auditorías fueron enviadas luego de determinar la existencia de posibles indicios de responsabilidad penal, por el incumplimiento e inobservancia de leyes, disposiciones y normativas relativas a la contabilidad pública; y no pasa nada.
Para combatir la corrupción estatal, pasada y presente, sólo basta voluntad política y miras de Estadista con vocación de trascender. Sin la decidida voluntad del poder ejecutivo de no aceptar corrupción, y de combatirla, todo lo demás es camuflaje barato.
