Una de las reflexiones más importantes que debemos hacer es ¿cuál es el rol que debe tener nuestro Estado?, si debe continuar creciendo como el monstruo Leviatán, como lo describe Hobbes, el filósofo inglés, o si debe ser un Estado compactado, limitado a sus verdaderos roles para poder ejercerlos eficazmente y no distraerse en funciones que no solo están fuera de su natural ámbito de competencia, sino que las ejerce mal.
En un país en desarrollo como el nuestro, existe una continua lucha entre quienes entienden que el Estado debe ser un instrumento cada vez más grande para poder ejercer como Estado benefactor e intentar vanamente buscar soluciones individuales a problemas colectivos, dando empleos, subsidios, dádivas y, los que creemos que el Estado debe ser lo suficientemente fuerte para ejercer eficazmente su rol como trazador de las políticas públicas y regulador, pero lo suficientemente ligero para poder utilizar racionalmente los escasos recursos.
La incursión del Estado en la actividad empresarial ha sido ingrata, primero porque el dictador Trujillo convirtió el país en su finca personal, operando las muchas empresas del Estado como propias y convirtiéndose en un temido competidor que podía adueñarse de cualquier negocio ajeno y luego, porque de todas las empresas heredadas por el Estado post trujillista ninguna superó la mala administración estatal.
Un ejemplo que retrata lo que sucede con un sector operado por el Estado, así sea monopólicamente, y otro por el sector privado, es la comparación entre el excelente desarrollo de las telecomunicaciones, que afortunadamente el dictador no llegó a estatizar, y el precario servicio eléctrico que sí fue estatizado en 1955, el cual continúa mayoritariamente controlado por el Estado luego de la contrarreforma iniciada en el 2003 que dio al traste con la efímera reforma de la capitalización.
A pesar de todo esto por desconocimiento, prejuicios, intereses o cansancio, la gente no ha sabido exigir un cambio en el manejo del sector eléctrico, habiéndose acostumbrado a que la energía se recibe cuando se puede y como llegue, y que algunos tenemos que pagarla mientras otros no.
La ley 87-01 de Seguridad Social que sucedió el fracasado modelo del IDSS, ha significado una de las mayores conquistas sociales ya que convirtió en afiliados con derechos a muchas personas que no tenían como atender sus necesidades de salud con sus bolsillos o lo hacían de manera muy precaria en los hospitales públicos.
Si bien hay muchos aspectos que pueden mejorar en el Sistema, la forma de hacerlo no es dándole total control del mismo al Estado, el cual debe ejercer su rol de regulador, trazar buenas políticas, fiscalizar, proponer soluciones pero no pretender adueñarse de las decisiones de un sector tan sensible para despojarse de los limitados controles de quienes pagan, lo que no es conveniente para nadie, ni para el Sistema que se politizará y perderá su racionalidad económica, ni para los empleados que aunque le vendan la idea de que tendrán mayores beneficios tendrán menores cuando se pierda la sostenibilidad, ni para los empleadores que pagan el importante costo y no pueden aceptar que vuelvan los tiempos de doble cotización.
La fortaleza del Estado no debe radicar en ser el dueño absoluto de las decisiones, sino en saber regular imparcial y eficazmente. Esperemos que nuestras autoridades comprendan finalmente que no habrá solución al problema eléctrico si cada actor incluyendo al Estado no juega el rol que debe desempeñar y que con supuestas soluciones equivocadas se puede provocar mayor daño que el que se intenta remediar. Nuestro Sistema de Seguridad Social si bien adolece de muchos defectos significa un beneficio inconmensurable que no podemos permitir que se pierda en el juego de la política.
