Barrick Pueblo Viejo aclaró este martes que la empresa no desalojó familias de la zona del Llagal para la construcción de su presa de colas.
Recordó en un comunicado que esta zona es parte de la reserva fiscal que el Estado arrendó como parte del acuerdo de explotación de la Mina de Pueblo Viejo.
Estas afirmaciones se hacen después de que en algunos medios de comunicación se hicieran eco de los reclamos de personas residentes en la urbanización Nuevo Llagal, que exigen la reevaluación de los terrenos que vendieron al Estado en la zona donde se desarrolló el proyecto minero, así como compensaciones adicionales, indica la empresa minera.
Méjico Ángeles, director de Asuntos Gubernamentales de Barrick Pueblo Viejo informó que “dentro de las negociaciones de los terrenos de El Llagal, entre el gobierno Dominicano y los comunitarios, la empresa participó únicamente como facilitadores de apoyo técnico, bajo la coordinación del Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección de Minería”.
Virgilio Peguero, subdirector del programa de remediación del Ministerio de Industria y Comercio, quien participó directamente en el proceso de reubicaciones y restauración de medios de vida, junto a la Dirección de Minería dijo, que “dicho proceso fue totalmente justo y transparente y se realizó cumpliendo con los lineamientos del Banco Mundial establecidos para estos casos. Contó además, con el apoyo de una prestigiosa firma de consultores y auditores internacionales, quienes dieron el seguimiento debido para su cumplimiento, tal y como lo establecía el contrato firmado por el gobierno
dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo.”
“El programa de reubicaciones y compensaciones de los moradores de El Llagal, incluyó un proceso de revisión de 28 posibles terrenos en todo el entorno de las distintas comunidades cercanas a Cotuí, realizado por las familias que sería afectadas para que ellos mismos pudieran elegir donde querían ser reubicados, el mismo fue debidamente documentado, conservando todas las minutas que registraban las decisiones colegiadas con los comunitarios como muestra de transparencia y criterio participativo”, explica el comunicado
Indica que “luego de esto se llevó a cabo un proceso de seguimiento a las familias compensadas y reubicadas por un período de 5 años, para desarrollar un programa de restablecimiento de medios de vida, que incluyó además la entrega de terrenos para cultivos agrícolas, entrenamientos en varios oficios y cursos de capacitación, junto a apoyo técnico para el emprendimiento de pequeños negocios, para que las familias pudieran iniciar una vida
nueva, con mayores oportunidades. Todas las familias que serían afectadas fueron beneficiadas en este programa, sin distinción.”
Peguero dijo además que “de las 416 familias afectadas todas fueron compensadas económicamente, de éstas, según los lineamientos del Banco Mundial, solo calificaban para recibir nuevas viviendas, aquellas que estuviesen residiendo en los terrenos al momento de hacer la reubicación y que se comprobara que no contaran con otras viviendas. Bajo este criterio solo calificaban unas 65 familias a quienes se les otorgó su vivienda según lo acordado”.
Ángeles, de la empresa minera, por su parte reiteró que “es nuestro deseo como empresa apegada a una gestión responsable, que se aclare esta situación y exista una rápida solución a los posibles inconvenientes, entre los organismos del gobierno pertinentes y los miembros de las comunidades”, agregó.
