Un equipo de técnicos del Banco Central aseguró ayer que el proyecto de ley de tarjetas de crédito y débito es innecesario, inconstitucional y contiene serios vicios técnicos y legales.
Las consideraciones fueron externadas durante un encuentro con los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde Claritza de la Rocha, vicegobernadora del Banco, dijo a los legisladores que cerca del 90% del contenido del proyecto de ley figura en la propuesta de reglamentación que la Junta Monetaria puso a circular en la prensa el pasado miércoles 13 del mes en curso.
El organismo regulador entiende, además, que al intentar poner un límite a la tasa de interés de las tarjetas, la ley propuesta por el diputado Francisco Matos (PLD-Santiago) viola la libertad de mercado, la Ley Monetaria y Financiera, y los criterios del sector financiero internacional.
Ante la mirada inconforme de los miembros del Congreso, Claritza de la Rocha advirtió que la iniciativa crea conflictos de competencia entre el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y la Superintendencia de Bancos; contiene disposiciones que ya existen en el Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (del 19 de enero del 2006) y amenaza con disminuir el uso de las tarjetas al incorporar la figura del “Fiador” como garantía de financiamiento.
“No sentimos que haya diferencias con la cámara. Todo lo contrario. El banco ha acogido sus sugerencias y nosotros estamos aquí para concientizarlos de que la regulación que propone la Junta Monetaria abarca y alcanza todas las iniciativas de esta cámara”, declaró De la Rocha, mientras diputados esperaban en silencio para refutarla.
El proponente, Francisco Matos, calificó al Banco Central como un “compadre de los banqueros de este país”. Piensa que, luego de ser altamente permisivo con los abusos cometidos contra los tarjetahabientes, el banco se muestra como una entidad irresponsable, que sugiere la aplicación de un reglamento antes que la creación de una ley específica y sancionadora de las prácticas financieras injustas.
“El Banco Central ni la superintendencia, tienen autoridad moral para plantear nada, porque hasta ahora todo lo que han planteado durante los últimos diez o quince años nunca se ha cumplido”, expresó, sobrecogido por el enojo, el diputado Matos. Luego abandonó abruptamente la reunión.
