Es un ejercicio autoritario desde las organizaciones de la sociedad civil al pretender imponer con un látigo mediático sus propuestas a los legisladores elegidos por el voto popular y legítimo, representantes de los electores de sus respectivas demarcaciones electorales.
Este comportamiento de la sociedad civil lo exhiben a propósito del conocimiento en el Congreso de la ley de partidos. Es una ley que debe empezar por ser aceptada por los mismos partidos y la población electoral que ellos representan.
Entre las propuestas asumidas por la sociedad civil figura que los partidos informen de los ingresos privados con los nombres de las personas físicas y morales que hacen el aporte. Eso se hace con los aportes del Estado cuando los partidos renten cuentas de esos aportes; pero no es procedente obligar a los partidos a que informen de los aportes del sector privado.
Desde la sociedad civil exigen lo que no hacen y por eso, como dice el pueblo, están escupiendo para arriba. ¿De dónde sacan sus recursos Participación Ciudadana, Finjus y otras organizaciones de la sociedad civil? El decir del pueblo es que quien paga manda ¿a quienes representan y qué intereses defienden?
El régimen democrático descansa en un sistema partidario y no en organizaciones sin representatividad popular.
Cuando un partido mal dirigido pierde ese apoyo popular, se liquida ¿pero cómo se alimentan las organizaciones de la sociedad civil? La respuesta es con fondos cuyo origen no se sabe. Los partidos están obligados a rendir informes de los aportes del Gobierno ante la JCE, la cual los remite a la Cámara de Cuentas.
La confidencialidad en los partidos equivale a “el secreto bancario” establecido para el sistema financiero; nadie puede conocer de lo que tiene en un banco una persona física o moral, excepto que lo ordene un tribunal.
El PLD es una fuerte organización política con capacidad propia de obtener los recursos que necesita. Más aún, su existencia y fortaleza ha puesto a salvo el sistema de partidos y ha puesto en resguardo y protección el sistema democrático. Ese contexto ha despertado reacciones, señalando como partido único o dictadura de partido. Aún siendo tan hegemónico el PLD no ha sido autoritario porque, a diferencia de esas organizaciones de la sociedad civil, ejerce y estimula el ejercicio democrático.
Se fustiga al PLD porque antes de sus ejercicios gubernamentales las cosas se resolvían con “un hombre con el maletín”. Eso no solo se acabó, sino que, además, los problemas se asumen con políticas públicas transparentes. Los que “duermen en el mismo palo y vuelan de día cada uno por su lado” (PRD-PRM), siguen siendo los mismos y no cumplen acuerdos.
El sistema financiero dominicano, por sus controles y regulaciones, no acepta dineros a ser depositados por los narcotraficantes; el PLD tampoco por su organización y disciplina. Si en cualquier banco puede ocurrir una estafa financiera, no es por el sistema financiero. Desde la Constitución del 2010 los partidos también son regulados por organismos especializados como lo es la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral; lo equivalente en los bancos a la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria.
La ley de partidos es la modernización legislativa de esas organizaciones, por lo que debe conocerse sin autoritarismo. l
