Por distintas razones en este país se ha ido permitiendo que problemas pequeños a fuerza de no resolverse se vuelvan casi insolubles, que malas acciones se conviertan en prácticas inveteradas, que determinados funcionarios se vuelvan caciques vitalicios y que algunos se sientan dueños de instituciones, sectores o espacios por la negligencia y falta de acción de las autoridades. Cada institución aquí tiene un dueño y muchos aspirantes a sucederlo, por eso la transformación del Estado se ha hecho un imposible y los contribuyentes tenemos que seguir pagando por las absurdas duplicidades de funciones en múltiples organismos, por las instituciones que en virtud de la ley deberían haberse transformado en otras más pequeñas, o las que a pesar de absorber cuantiosos recursos en la práctica es como si no existieran porque no pueden operar.
Esa tendencia está íntimamente relacionada con la errónea percepción que tienen muchos de que la aplicación o no de la ley es discrecional, alimentados por la impunidad que históricamente los ha beneficiado.
Poco a poco hemos ido creando una sociedad inviable en la que muchos imponen sus caprichos como reglas, mientras el pueblo no solo debe pagar cada vez más impuestos para satisfacer sus insaciables apetitos, sino conformarse con recibir cada vez menos a cambio. Las decisiones y proyectos dependen de la voluntad unilateral del funcionario de turno, en muchos casos gobernada por la búsqueda de sus propios intereses y no los del país. En ese panorama resulta cada vez más difícil pensar en trazar políticas públicas, pues a fuerza de permitir que los intereses manejen las mismas hemos creado barreras insalvables, territorios intocables y monstruos de siete cabezas que ni el propio presidente con todo el poder que tiene puede controlar. Ejemplo de ello es la sentencia 168-13 que pretende dar solución a nuestros problemas migratorios de forma retroactiva. Aquellos que se han acostumbrado a este estado de reglas no de derecho en que vivimos, podrán defenderla pero jamás convencerán a los que propugnan por el Estado de Derecho. Por eso el presidente luce atrapado entre el deber de acatar dicha sentencia y la inminente necesidad de solucionar una situación que coloca a la República Dominicana ante el juicio internacional al que hemos dado toda la justificación para condenarnos. El error del gobierno ha sido intentar hacer dos cosas contradictorias a la vez, defender la sentencia generando adhesiones de aquellos que han entendido que así se hace patria y pensar que se puede buscar una solución aceptable a la situación por ella generada sin ponerla en cuestionamiento. Los exacerbados ánimos promovidos por la peligrosa división que se ha creado intestinamente, no están dispuestos a tolerar ahora ninguna vuelta atrás.
El anteproyecto que el gobierno ha querido buscar como salida, no puede remediar la situación sin aceptar implícitamente los yerros de la sentencia, por eso las acerbas críticas y fuertes tensiones respecto del mismo. Pero el Presidente tendrá, por más atrapado que luzca en esta situación, que buscar una salida que sin lugar a dudas generará descontentos. Esperemos que por el bien del país no tome el lado equivocado.
