Astillero niega que alquilara yate a hondureños

El alcalde de Honduras dijo que llevará el problema judicial hasta las máximas consecuencias.

El alcalde de Honduras dijo que llevará el problema judicial hasta las máximas consecuencias. La empresa que opera el astillero de la Marina de Casa de Campo negó haber alquilado un yate a los 16 turistas hondureños que la acusan de estafarlos y poner sus vidas en peligro al facilitarles una embarcación defectuosa.
Inversiones Bastilla del Caribe explicó que sus funciones se limitan a los servicios de reparación y mantenimiento de buques, por lo que no habría forma de relacionarse con el problema que también involucra como presunta víctima al joven empresario dominicano Juan Fernández.

El hecho bajo denuncia ocurrió luego de las festividades de fin de año. El alcalde hondureño Roosvelt Aviles, familiares y amigos tuvieron que ser rescatados en alta mar por el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el hijo del expresidente Leonel Fernández, Omar Fernández, luego de que el barco en el que viajaban se averiara, se quedara sin combustible y sin medios de comunicación radial. Desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, cuenta Aviles, el grupo de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores vivió momentos de pánico porque el capitán de la embarcación tampoco aceptaba las primeras manifestaciones de ayuda que se acercaron. Estaban en aguas infestadas de tiburones.

“Eso fue un atentando contra nuestras vidas, sin lugar a dudas”, sostuvo el funcionario extranjero durante una visita que giró ayer a este diario, en compañía de su abogada María Gómez. Roosvelt Aviles reiteró su intención de someter a Casa de Campo a la Justicia por su supuesta irresponsabilidad ante el caso. Dijo que el país debe sentar precedente para que una prestadora de servicios turísticos no ponga en riesgo la vida de ningún visitante ni residente. El alcalde de la comunidad de Talanga cree que el complejo actuó de manera arrogante porque después del incidente se negó a devolver a los turistas los US$6 mil pagados por el supuesto servicio defectuoso de transporte marítimo.

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