Durante los últimos meses diversos sectores sociales se han movilizado para exigir al Gobierno que cumpla con la ley de Educación que obliga a destinar un mínimo de un 4% del Producto Bruto Interno (PIB) a la enseñanza. Las organizaciones sociales lograron un compromiso de todos los candidatos que se medirán en las urnas el próximo 20 de mayo y solo faltará que el político que vaya al Palacio a ocupar la silla presidencial cumpla su promesa, a partir del 16 de agosto.
Especialistas del sector educación esperan como punto básico que el próximo gobierno cumpla con el citado 4%.
Así lo plantean Miguel J. Escala, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el economista Nelson Suárez, experto en presupuestos vinculados al movimiento por una Educación Digna; el sacerdote Néstor Pazos, vicario de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo y miembro del Consejo Nacional de Educación; Cheila Valera Acosta, especialista en políticas educativas y el sacerdote jesuita Antonio (Tom) Lluberes, director de la Fundación Fe y Alegría.
Según el Ministerio de Educación, 2,753,222 estudiantes de todos los niveles y modalidades ingresaron a las aulas para el año escolar 2011-2012.
El sistema cuenta con 11,049 escuelas y colegios. El sector público dispone de 5,453 planteles, con 72 mil profesores.
La dependencia oficial recuerda también que desde 2004 se construyeron 6,644 aulas. Pero además del déficit en infraestructura el país requiere de mayor calidad.
Lluberes asegura que “aulas y equipamiento han crecido, ha aumentado la escolaridad, sobre todo a nivel básico, se han hecho ingentes esfuerzos para mejorar las condiciones académicas de los docentes, pero no se ha dado una transformación que rompa los índices de analfabetismo, mejore los conocimientos académicos, forme en valores y prepare para la vida a los alumnos”.
El sacerdote observa que en el país “deambulan jóvenes des-escolarizados, aumenta la deserción, sobre todo a nivel medio, y la escuela no disciplina ni habilita para la vida. Es triste el caso de jóvenes que acceden a la educación superior con sólo conocimientos básicos en, por ejemplo, matemáticas y lenguaje”.
Pazos, en cambio, entiende que “nunca va a estar bien la inversión, hay que implementar mucho más, mucho más incluso del 4%”.
Entiende, además, que la educación superior tiene que adecuarse a las necesidades del país.
“No hacemos nada con universidades que sigan graduando abogados o poner escuelas técnicas si después cuando los jóvenes llegan no encuentran carreras técnicas en las universidades”.
De su lado, Suárez recuerda que “todas las evaluaciones y tests que se han realizados sobre la educación en República Dominicana arrojan resultados negativos sobre la calidad, la cobertura y la efectividad de la instrucción pública”.
“Lo mínimo que puedo esperar del nuevo gobierno es que asuma como una prioridad el garantizar el derecho a la educación, cumpliendo con la Constitución y con las disposiciones legales que obligan al Estado al financiamiento adecuado, eficiente y oportuno del derecho a la educación”, añade.
También Escala espera que los candidatos cumplan con su promesa. Además que se empeñen en lograr las metas del Plan Decenal y que destinen a la educación superior los recursos previstos en la Ley 139-01, sobre todo en lo referente al fondo de garantía del crédito educativo y el de financiamiento a las instituciones.
Visión del Padre Tom Lluberes
“Se necesita de un ministro de Educación líder, que represente y unifique a los sectores actores o preocupados por la educación y de un Consejo de Educación representativo y operante que dinamice y supervise la administración educativa.
La ADP debe buscar la forma de unir a sus luchas reivindicativas el compromiso de respetar el horario de clases y la ejecución del currículum, sobre todo de los alumnos pobres de las escuelas públicas”.
