El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Arturo Villanueva Santiago, respaldó este martes el documento de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en el que hace un balance de los aspectos positivos y negativos de la Reforma de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Villanueva Santiago dijo los aspectos negativos de la jurisdicción inmobiliaria afectan negativamente la inversión el sector, y se han reportado muchos casos y conflictos creados por las debilidades del registro y los huecos existentes en la reforma.
Refirió que existe casos en Samaná, Miches, Punta Cana y en otros puntos y esta el triste caso de Bahía de las Águilas.
En el documento, la FINJUS expresa su preocupación por descenso de cuatro puntos en el acápite de registro de propiedad en el país, en el informe Doing Business del Banco Mundial de este año con relación al 2013, y asegura que situación afecta la inversión extranjera.
“Cabe destacar, que en el informe Doing Business del Banco Mundial, en el acápite de Registro de propiedad, la República Dominicana pasó del lugar 111 al 115, perdiendo cuatro lugares en relación al 2013. Esto debe llamar la atención, pues influye en el tema de la inversión extranjera”, señala FINJUS en su evaluación de la Reforma de la Jurisdicción Inmobiliaria del país.
FINJUS indica en el documento “Balance de la Reforma de la Jurisdicción Inmobiliaria: Aspectos positivos y negativos”, que pese a los avances y mejoras en este proceso, iniciado en el 1997 por el Poder Judicial con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos objetivos no se han alcanzado por falta de voluntad.
Cita como aspectos negativos de la reforma, la resistencia al cambio de los principales actores que intervienen en el registro de los inmuebles, la no puesta en vigencia del fondo de garantía de inmuebles registrados, la tardanza en los deslindes y las trabas creadas para el funcionamiento de la Contraloría de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Entre los aspectos positivos de la reforma menciona la promulgación de la ley registro inmobiliario y sus reglamentos, así como la implementación de los nuevos formatos de seguridad, que han reducido de forma considerable los casos de falsificaciones de títulos de propiedad.
Además, la implementación del número de matrícula, del Registro Complementario y de la designación catastral posicional.
El balance hecho por la FINJUS analiza aspectos generales de la reforma inmobiliaria, las mensuras catastrales, los registros de títulos, los tribunales de Jurisdicción Inmobiliaria y los servicios comunes y administrativos.
La organización sin fines de lucro se queja del lento manejo de los trámites ante la secretaría de los tribunales, del exceso de expedientes que sustentan los procesos y de las limitaciones y trabas en las solicitudes de digitalización de expedientes en la salas de consultas.
Aunque califica de positivo la creación de las unidades de Cartografía y de Apoyo a Mensuras, así como la descentralización de la gestión mediante la creación de Direcciones Regionales de Mesuras Catastrales, la FINJUS ve como elementos negativos el aumento de tiempos en las inspecciones de campo, donde asegura prima el desorden y el tráfico de influencias.
Así mismo, critica la no aprobación del proyecto de ley que regula el ejercicio de la agrimensura y la arquitectura por ante la Jurisdicción Inmobiliaria y la aparición de miles de saneamientos y deslindes superpuestos que afectan derechos registrados, posteriores a la entrada en vigencia de la ley 108-5.
