Tan pronto el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de Ley que convierte en Parque Nacional “Loma Miranda”, se volvió a encender el debate sobre este tema. Las posiciones son claras: unos que quieren conservar Loma Miranda como está y otros que entienden que los recursos mineros que ella contiene deben ser aprovechados en beneficio del país.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, ha dicho que una solución precipitada podría afectar un posible aprovechamiento de Loma Miranda o puede exponer al Estado dominicano a una confrontación ante organismos internacionales litigantes.
El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats dijo que el Gobierno dominicano tendría que indemnizar a la empresa Falconbridge Dominicana con la suma de cuatro mil millones de dólares si el Senado de la República declara a Loma Miranda como parque nacional.
El jurista reiteró que los congresistas deben ponderar bien el proyecto de ley que tienen en sus manos porque es violatorio a tres los artículos de la Constitución de la República lo que puede acarrear serias consecuencias al Estado.
El ingeniero geólogo y de minas, Octavio López, insistió en que el proyecto de ley que busca declarar Loma Miranda como parque nacional está basado en mentiras y que la población debe conocer la verdad del proyecto minero.
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) consideró que en el proyecto de ley que busca declarar Loma Miranda parque nacional, los congresistas deben ponderar los elementos que tienen que ver con “el derecho de propiedad privada, la seguridad jurídica y el debido proceso, “los tres, relevantes para un buen clima de negocios e inversión en el país”.
Yo insisto, cada pueblo se desarrolla con lo que tiene y Bonao, como pueblo minero, no es la excepción. Loma Miranda debe ser explotada tomando en cuenta los avances científicos que permiten obtener las riquezas naturales con el menor daño posible al medio ambiente.
