“La República Dominicana es de los pocos países del mundo en que no existe tope al gasto de campaña, ni controles al financiamiento privado, en efectivo, bienes y servicios, tampoco al gasto público, ni al uso de los fondos públicos en las campañas electorales”, según revela Ángel Lockward en su tesis doctoral, “El Sistema Electoral Dominicano”, presentada en la Universidad de Castilla La Mancha, Albacete, España, para optar para el doctorado en Derecho Constitucional, mención Derechos Fundamentales, con énfasis en el derecho electoral comparado.
Lockward sostiene que tampoco existen controles eficaces para el uso de dinero que el Estado aporta a los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE), mediante la Ley General de Gastos Públicos. Desde la promulgación de dicha ley, en 1998 han sido aportados, a 26 partidos reconocidos, más de 8,330 millones de pesos, de los cuales, en años no electorales, se les ha entregado 3,082 millones. De esa cantidad, 1,608 millones corresponden a los últimos dos años.
Para las elecciones del 2016 se habrá invertido del dinero público, 11,000 millones de pesos en los partidos, lo que a su juicio no puede continuar. Lockward refiere que esa cifra es sin incluir el dinero aportado por el sector privado, en efectivo y en bienes y servicios, que duplicaría esa suma.
“Tenemos el costo por voto por partido más alto del mundo, RD$ 1,404.29 por voto para el PRSC, que habiendo recibido RD$374,189,333, en el 2012, apenas logró 266,461 votos y, sin embargo, el partido de mejor desempeño, Alianza País, fue despojado de su personería jurídica mediante Resolución 01-13 de la JCE”, indica Lockward, cuya tesis, que obtuvo una calificación “Sobresaliente Cum Laude”, fue convertida en un libro, puesto en circulación recientemente.
Según el abogado, “la Ley de Financiamiento 78-05, única ley en el mundo que no pudo aplicarse por faltas de ortografía, sustituida por la Ley 289-05, surgió de una falsedad en el texto del trámite congresual, puesto que consignó, fraudulentamente un umbral electoral del 5%, para eliminar del reparto a los partidos minoritarios, cuando el umbral electoral es del 2% conforme dispone la Ley 297-07”.
Dijo que en el país se requiere un reordenamiento de la distribución del dinero público, a los fines de que como en todo el mundo, la distribución sea acorde con la cantidad de escaños o de votos y no de porcentajes arbitrarios que impiden crecer a los partidos pequeños.
Sostiene que procede reducir la cantidad de dinero que se entrega a los partidos políticos en los años no electorales, y establecer que, en los años electorales, el dinero vaya esencialmente a los candidatos.
Consideró que con esos fondos los actores, dispongan de recursos y de que no suceda como en la última contienda, que el dinero público, sin los aportes privados, en violación a la igualdad constitucionalmente consagrada, fue en un 76 por ciento a un solo candidato por la coalición que le apoyó.
Lockward fue importante dirigente del PRSC y ha ejercido diferentes puestos en la Administración Pública, como director de Lomé IV, durante la última gestión de Joaquín Balaguer; secretario de Industria y Comercio, durante la administración de Hipólito Mejía y embajador en Colombia, durante la presidencia de Leonel Fernández.
“Se impone la equidad y transparencia, si deseamos una democracia más sana, con mayor control, pues el pasado año, solo 12 partidos presentaron el reporte de sus gastos del dinero público, ninguno de los aportes privados y según la Cámara de Cuentas, en la primera auditoría que les hace, publicada en mayo, hubo muchas irregularidades”, dijo en una entrevista a elCaribe.
Sin reglas no habrá democracia limpia
Ángel Lockward cree que “todas las democracias consolidadas y las democracias presidenciales de América, han establecido controles al uso y calidad de las encuestas, menos República Dominicana, en donde tampoco, se controla la publicidad, lo que hace de los torneos electorales una guerra de desinformación que afecta el criterio de los ciudadanos.
Expresa que la publicidad está reglada en todas las democracias del mundo, tanto la publicidad partidaria, como la publicidad institucional, menos en República Dominicana, lo que permite a un partido o bloque, acaparar hasta el 76% de los espacios publicitarios de la prensa escrita, la radio y la televisión, algo impropio de una democracia que afecta el libre criterio del ciudadano que se ve saturado.
Cree que “la inversión en publicidad es escandalosa y, a pesar de que la Constitución establece que la JCE debe regularla conforme a criterios de equidad e igualdad, esta, no hace nada al respecto”.
Asimismo dijo que “igual sucede con las encuestas, que en todas partes están sometidas a reglas de registro, de calidad y de publicación, menos aquí, en donde hay firmas serias, de presencia firme y firmas, nacionales y extranjeras que escriben en un papel, sellan y firman para inducir la opinión pública y crear realidades, forzando votaciones y legalizando fraudes, mediante la inversión de cientos de millones de pesos en su pago y publicación”.
