La pasada semana, un miembro de la Junta Central Electoral reveló que las próximas elecciones presidenciales y de diputados en ultramar costarían al país alrededor de 3,800 millones de pesos, tomando en cuenta la organización de los comicios y la contribución económica a los partidos políticos dominicanos.
Este es un dato muy importante para analizar cuán eficientes estamos siendo en la relación dinero y política, pues podemos decir, siguiendo a Griner y Zovatto, que “si bien es cierto que la democracia no tiene precio, sí tiene un costo de funcionamiento” que debe ser racional.
La encuesta mundial sobre el costo del empadronamiento y las elecciones (2008), elaborada por el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), parte de una clasificación de los países según el costo de sus procesos electorales en función del gasto realizado por ciudadano inscrito en el padrón o registro electoral. En primer lugar se encuentran los países con un coste bajo, entre 1 y 3 dólares, que son los de democracias estables.
Luego están aquellos que tienen un coste intermedio, de entre 4 y 8 dólares, propio de países con poca experiencia de elecciones multipartidistas; y por último, países con un coste alto, por encima de los 8 dólares, propio de elecciones pos-conflicto y de operaciones de mantenimiento de paz de larga duración.
En países como Chile y Costa Rica, las elecciones tienen un costo por elector de 1.20 y 1.80 dólares, respectivamente. En tanto que otros países de la región tienen costos mayores, como los casos de El Salvador (4.10) y Paraguay (3.70).
Nuestro país debería estar situado entre las naciones que tienen un costo bajo o por lo menos intermedio. Sin embargo, tomando en cuenta el dato proporcionado por la JCE y la cantidad de electores inscritos en el padrón electoral para este año, el costo de las elecciones dominicanas será de 15.00 dólares por elector. Gasto desproporcionado para una democracia electoral que se supone viene perfeccionándose desde las elecciones de 1996.
En un país con la precariedad económica de la República Dominicana, debe llamar la atención el costo excesivamente alto que están teniendo sus procesos electorales. Urge llevar a cabo medidas que hagan mucho más eficiente el uso del dinero en la política. Se debe partir de una revisión y readecuación del financiamiento público que reciben los partidos políticos, el cual crece cada año en la medida que se incrementan los ingresos del Estado. En segundo lugar, se debe procurar un uso más racional y austero de los recursos administrados por el órgano electoral.
