El movimiento cívico lamentó la lentitud e incumplimiento del “Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad”, que busca impulsar medidas contra la corrupción.Participación Ciudadana dijo que tras un monitoreo hecho al Protocolo desde el 16 de agosto de 2012 al 28 de febrero de 2013, se ha observado “una débil acción del Presidente para asumir las obligaciones asumidas, ya que de las 21 medidas 11 han sido evaluadas, de las cuales el 63% han sido incumplidas”.
Además, refirió que “el 27% está en proceso y sólo el 9.9% se valora como cumplidas, medidas, en su conjunto, que constituyen compromisos referidos a la lucha contra la corrupción, la transparencia y la institucionalidad”.
La institución cita 10 aspectos en los que entiende que el Gobierno ha incumplido, y aunque reconoce que la publicidad oficial ha bajado, señala que ha incumplido con la no estandarización de las informaciones en los portales de las instituciones públicas en un plazo de 150 días; la no aplicación de la Cuenta Única del Tesoro, lo que pone al desnudo la falta de voluntad política para con el compromiso; el aumento de la nómina pública a pesar de que se han eliminado o unificado varias estructuras orgánicas, lo que estaría explicado por la creación de varios programas y comisiones que crean duplicaciones en la nómina. También refirió que a pesar de la supresión de al menos 137 viceministerios y subdirecciones generales, los funcionarios salientes han sido nombrados como asesores o reubicados en funciones creadas, superando la racionalidad administrativa y desdice la austeridad proclamada.
Como punto cino señala la no profesionalización del servicio exterior, ya que el país supera a las grandes potencias en representación diplomática. De igual forma criticó que a la fecha no se ha presentado a la sociedad un informe de verificación de las declaraciones como se estableció en el compromiso en un plazo 120 días.
Otro punto es que hay varias iniciativas legislativas pendientes, como la ley Integral de Declaración Jurada de Bienes, Enriquecimiento Ilícito, ley General de Salarios. Precisa que a pesar de la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, no ha disuadido el comportamiento de los servidores públicos, pues subyace la percepción de que la corrupción continúa.
