El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu, manifestó que el tema del incremento salarial para los trabajadores privados no sectorizados está estancado.El sindicalista argumentó que los empresarios tienen más de dos meses buscando un consenso entre ellos mismos para hacer una contrapropuesta al 30% de incremento salarial que están demandando los trabajadores.
“Esas son las personas que más se les hace difícil ponerse de acuerdo cuando se trata de un tema de incremento salarial para los trabajadores, pero cuando es para subir los precios y defender sus intereses se ponen de acuerdo muy rápido”, expresó. Abreu informó que para el próximo lunes es la fecha que los empresarios le manifestaron que podrán presentar una contrapropuesta.
“Nosotros decimos lo siguiente: si el lunes ellos no presentan una propuesta y no están listos para hacerla, nosotros el martes, entonces, estaremos presentando nuestra propuesta en el Comité Nacional de Salarios para que el Comité convoque a las partes”, dijo.
Sin embargo, el presidente de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), Jaime González, informó que todavía la cúpula empresarial no ha definido una posición en torno a su propuesta de incremento salarial, pero que lo más probable es que después de la Semana Santa sí esté lista la posición del empresariado respecto al próximo incremento de sueldos para los trabajadores del sector privado. El sindicalista señaló que el Comité tiene la facultad de convocar a las partes que deberán discutir el incremento salarial siempre que uno de los integrantes de ese órgano demande la convocatoria. Abreu ofreció estos datos previo a una rueda de prensa de los trabajadores de la Presa de Guaigüí en demanda de que se reactiven los trabajos.
José Santiago Tapia, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Presa de Guagüí manifestó que la construcción de la presa se inició en el 2002 y fue abandonada luego de la crisis de ese período.
Dijo que para esta obra existe un préstamo del Banco Noruego, pero que el Estado debe poner una contrapartida que no se ha concretado, lo que pone en riesgo la obra.
