La reacción que ha tenido el Colegio Médico en relación con el anuncio de que se hará finalmente cumplir con el mandato de la Ley 87-01 de Seguridad Social sobre la puerta de acceso al sistema de salud mediante el nivel de atención primaria, pone de manifiesto la verdad sobre este tema: los médicos se resisten porque entienden que los perjudica económicamente.
La decisión del CNSS de impulsar la revocación de la resolución de la Sisalril que permitió el inicio del SFS en estas condiciones, precisamente para complacer a los médicos, ha tenido la virtud de poner en el debate público un tema que hasta la fecha sólo era reclamado por algunos.
También la de poner en evidencia que la razón por la que los médicos y clínicas se opusieron en el 2007 por supuestas violaciones a la prohibición legal de que las ARS sean propietarias de proveedores de servicios de salud, no era la verdadera. Cabe aclarar que la ley 87-01 dispone que haya un nivel de atención primaria como puerta de entrada a la red de servicios dentro de un sistema de referencia que permite ir de la atención primaria a la especializada y/o la hospitalización.
Esto quiere decir que las propias clínicas pueden ofrecer este nivel de atención primaria y que nada impide que la normativa regule la forma en que se establecerán las referencias, permitiendo, por ejemplo, que pacientes bajo tratamientos o con enfermedades crónicas vayan directamente al especialista que los trata.
Tampoco es cierto que la atención primaria es “para los pobres y excluidos, no para la clase media que está en el régimen contributivo”, como afirmó recientemente el Colegio Médico.
El nivel de atención primaria está previsto para todos los regímenes del sistema y el régimen contributivo no es exclusivo de la clase media, sino de todos los asalariados del sector público y privado, sin importar su nivel económico.
Se trata de un intento desesperado de sumar adeptos a su causa, por eso es muy importante que la población entienda que de no implementarse rápidamente la atención primaria, perdería desde muchos puntos de vista: porque se está privando de recibir medicina preventiva sin costo; porque actualmente está a la merced de los proveedores de servicios que cobran copagos ilegales; porque si no se contienen los costos de salud en vez de ampliar el catálogo de prestaciones, habría que reducirlo, y porque el sistema colapsaría, puesto que bajo esa modalidad nunca serían suficientes los ingresos.
A confesión de parte, relevo de pruebas. Llegó la hora de priorizar el interés general de los afiliados y dejar de lado los intereses particulares de un gremio, que si fuera más sensato, se diera cuenta que está matando a la gallina de los huevos de oro que le ha permitido facturar muchos más servicios que hace cuatro años.
Marisol Vicens es abogada
