A 52 años de iniciada la reforma agraria en el país, más de un 90% de los parceleros beneficiarios de la misma carece de un certificado de título que avale de manera definitiva sus derechos de propiedad. Así lo determinó un diagnóstico sobre la labor de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, en el marco del Plan Nacional de Titulación de Terrenos, realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus). El mismo plantea, además, que por décadas el Estado ha desarrollado centenares de proyectos habitacionales a nivel nacional, careciendo la mayoría de esas unidades de un certificado de título de propiedad individualizado.
“Una de las principales razones por las cuales los proyectos antes mencionados se constituyeron en catalizadores del caos del registro inmobiliario en nuestro país es porque, a pesar de haber sido materialmente concluidos en lo referente a la entrega de la vivienda o terreno a los beneficiarios, nunca se completaron los procesos de adjudicación y titulación ante la antigua jurisdicción de tierras”, dice el informe.
Según el diagnóstico, el problema de la extra legalidad en la propiedad inmobiliaria abarca todo el territorio, con amplios efectos en diferentes sectores de la vida nacional, como vivienda, producción agropecuaria, así como la micro, pequeña y mediana empresa. Señala, asimismo, que las personas que carecen de certificados de títulos se ven impedidas de gozar plenamente del inmueble que poseen, enfrentando limitaciones para adquirir créditos en la banca comercial. Reseña también que pese a los amplios cambios introducidos, el problema de la tenencia de la tierra no ha encontrado solución, en parte por el hecho de que predominaba una fuerte cultura en la población dominicana de no registrar sus bienes inmuebles.
Obstáculos y soluciones
La Finjus apunta que a pesar de los esfuerzos realizados por los distintos gobiernos en las últimas décadas para resolver la problemática, no se ha tenido éxito, por la falta de voluntad política, la débil institucionalidad, la corrupción, los conflictos de intereses, los impedimentos legales y los altos costos que acarrea la regularización.
Igualmente, la falta de respaldo del Poder Ejecutivo, el clientelismo estatal, los elevados costos que implica titular decenas de miles de inmuebles afectados; la lentitud en el manejo de los expedientes; la falta de institucionalidad y transparencia, entre otros.
Sin embargo, la Finjus considera que el Plan Nacional de Titulación todavía es rescatable y los obstáculos identificados pueden encontrar solución si se contase con el respaldo económico y humano adecuado de las autoridades correspondientes.
En noviembre del 2012, a tres meses de asumir como Presidente, Danilo Medina emitió el decreto 624-12, el cual creó la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, cuyo objetivo era titular a unos 150 mil inmuebles.
Plantea comisión de veedores para titulación
La entidad de la sociedad civil en su estudio sugiere que la vía más idónea para garantizar la participación de la ciudadanía es mediante la designación por parte del Poder Ejecutivo de una Comisión de Veedores en cada institución integrante de la Comisión de Titulación de Terrenos, de la cual forman parte los ministerios de la Presidencia y de Agricultura, así como la dirección del Instituto Agrario Dominicano, el Banco Agrícola; la Dirección de Catastro Nacional, Bienes Nacionales, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Consejo Estatal del Azúcar.
