El 46% de los feminicidios que se registran en República Dominicana son cometidos con armas de fuego, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), que sugiere la gran cantidad de personas armadas, en forma legal e ilegal, que -pese a los controles oficiales- existen en el país.El compendio estadístico sobre muertes accidentales y violentas, que cubre el lustro 2006-2010, registra 923 asesinatos de mujeres, de los que en 426 (46.2%) se utilizaron armas de fuego, y en 271 (29.4%), blancas.
“El uso y abuso de las armas de fuego ha estado presente en una considerable cantidad de muertes violentas tanto en los suicidios, los homicidios, los feminicidios y los llamados ´intercambios de disparos´ o ´ejecuciones extrajudiciales´”, asegura el psiquiatra César Mella.
“A esto se agregan las muertes accidentales dentro y fuera del hogar, a veces protagonizadas por infantes con escasa supervisión de los adultos”, dice el especialista de la conducta, expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y del Colegio Médico Dominicano (CMD).
El 21 de abril del año pasado Juana Miranda Ortega Sepúlveda, de apenas 10 años, falleció de un balazo que le ocasionó en forma accidental una hermana de 12, mientras ambas jugaban con un revólver dentro de la yipeta de su madre, Celia Olinda Sepúlveda, en el parqueo del hospital Antonio Musa, de San Pedro de Macorís. El día 10 de ese mismo mes, un niño de nueve años, residente en Hatillo, San Cristóbal, mató accidentalmente a su padre, el segundo teniente de la Policía, Geraldo Mateo, de 46 años, mientras manipulaba la pistola de reglamento de su progenitor.
De acuerdo con el informe de la ONE, en el caso de los suicidios un 23.6% de las 2,521 víctimas registradas entre 2006 y 2010 se quitó la vida utilizando armas de fuego, siendo la causa secundaria de muerte en este renglón dominado por el ahorcamiento, con 594 casos (48%).
El Ministerio de Interior y Policía tenía registradas, hasta el 15 de febrero pasado, 206 mil 707 armas legales. Esto incluye 156 mil 734 pistolas de diferentes calibres, 24 mil 561 revólveres, 23 mil 931 escopetas, 722 rifles y 4 fusiles.
Los interesados en obtener o renovar una licencia de porte o tenencia de un arma, deben someterse a una evaluación con uno de los médicos de la Sociedad de Psiquiatría. Sin embargo, “es muy difícil predecir conductas violentas en un portador de armas, pues muchos homicidas han pasado ´sus pruebas´ con excelente puntuación y comportamiento saludable”, advierte César Mella.
Interior y Policía asegura que en los dos últimos años canceló 2,227 licencias para el porte y la tenencia de arma. Las medidas afectaron a “personas que incurrieron en violencia intrafamiliar, exhibieron las armas en lugares públicos, por pérdida, vencimiento por tener registros judiciales en el sistema de Investigación Criminal de la Procuraduría, por el titular estar vinculado a casos de drogas, por disparos al aire, porque el arma ha sido robada y por agresión”.
La institución recuerda que toda persona con una licencia de armas tiene que someterse a una prueba de orina, en un laboratorio clínico autorizado, que determine si consume o ha consumido sustancias prohibidas. “Los resultados son remitidos vía electrónica a la base de datos del Ministerio, por eso la cantidad de licencias renovadas durante el año es similar a la cantidad de pruebas realizadas en los laboratorios. A los usuarios que no se sometan a las referidas pruebas al realizar sus renovaciones, les son retenidas las licencias por el sistema”.
Homicidios
Un total de 10 mil 957, equivalente al 67%, de los 16 mil 412 homicidios ocurridos en República Dominicana entre enero de 2005 y diciembre de 2011 se produjeron con armas de fuego y 3,730 (un 23%) con blancas, según la Procuraduría General.
“Tener y poseer un arma no solo es un símbolo de estatus y poder, sino una señal, a veces, de provocación e intimidación. Sugiero que la edad mínima para el porte de un arma debe ser 21 años en casos estrictamente necesario y más de 30 para aquellos casos de necesidad no evidente para proteger a la persona o los bienes”, sostiene el psiquiatra César Mella.
Aunque muchos ciudadanos están conscientes de la responsabilidad y peligrosidad que implica portar un arma, algunos deciden comprarla con la intención de garantizar su protección y la de su familia frente al auge de la delincuencia en los últimos años.
“Yo pienso que necesito tener un arma por la poca seguridad que hay en el país para el ciudadano cuando anda en las calles. Aquí hay más delincuentes armados que ciudadanos armados que sean serios”, afirma Juan Espinal, un dominicano ausente de 60 años de edad que decidió retornar de Estados Unidos con su esposa para establecerse en Santiago.
Después de casi cuatro décadas en Nueva York y otras ciudades, donde tiene cinco hijos, a Espinal le preocupa sobremanera el problema de su integridad. “Me desplazo por carreteras solitarias algunas veces y aquí se han dado casos en que han atracado gente, y yo no quiero ser uno de esos”, apunta. Por eso, decidió pagar 55 mil pesos por el traspaso de una pistola marca Carandai.
Calcula que cuando termine el proceso de legalización en el Ministerio de Interior y Policía habrá gastado 90 mil pesos, incluyendo la compra del arma, así como los gastos en impuestos y las distintas diligencias de documentos, que incluyen pruebas antidoping y evaluación psicológica.
Los traspasos de armas son más comunes en los últimos años después de que la gestión de Leonel Fernández prohibió su importación, incluyendo las partes y municiones, para el comercio con particulares. La medida, contenida en el decreto número 309-06, del 24 de julio de 2006, buscaba disminuir el número de civiles armados y, por consiguiente, reducir la violencia y la delincuencia.
La medida incidió en el mercado de venta de armas. “De 50 armerías que éramos hace siete años, solo quedamos 32 en operación de manera precaria”, asegura Ernesto Montás, presidente de la Asociación de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego (Adivaf).
“Muchos cerraron simplemente, por la no rentabilidad económica al no poder importar”. Indica que las armerías sólo están importando escopetas, rifles de perdigones y sus municiones.
También más de 200 “buscones” que merodean Interior y Policía y que ofertan asistencia a los ciudadanos que van a tramitar permisos se quejan de las restricciones en el mercado.
Hipólito Moreno, de 49 años, asegura que cuando la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004) el mercado de las armas resultaba más dinámico en el entorno de la dependencia estatal ubicada en el edificio Juan Pablo Duarte (El Huacal), de la capital. “Aquí se jugaba con dinero y le ingresaba dinero al fisco, porque estaban abiertas las llaves para la gente resolver sus problemas”, dice”.
Siquiatras piden mayores controles
José Miguel Gómez, presidente de la Sociedad de Psiquiatría, pide al Congreso que legisle para establecer mayores controles en el porte y tenencia de armas.
En cuanto a los procedimientos vigentes, demanda que las pruebas que hacen los psiquiatras a los aspirantes a portar armas sean manejadas con estricta confidencialidad por Interior y Policía, para evitar que evaluados que son rechazados tomen represalias contra los profesionales de la medicina.
Incautaciones de arsenales
El pasado día 9 de febrero la Policía apresó al teniente coronel policial (r)Mario Frías López y a los civiles Carlos Pío Reyes de la Cruz y Luciano Pascual Liranzo, a quienes acusó de vender armas de distintos calibres con licencias falsas.
Como parte del operativo fueron ocupadas en dos viviendas del ensanche Kennedy, de la capital, 15 pistolas, seis revólveres y cinco escopetas, así como más de dos mil balas. El 29 de enero del año pasado apresó a cuatro presuntos delincuentes que comercializaban armas de fuego de manera fraudulenta en los sectores de Villa María y Villa Consuelo. Los detenidos fueron Juan Antonio Reyes García (El Pinto), Ramón Inocencio Felipe Romero y Rafael Arias Carrión (El Inglés), a quienes se les ocupó 20 armas de distintos tipos.
El 8 de diciembre de 2011 detuvo en Santo Domingo Este a Tony Pérez Cruz (Tony Montana), de 26 años; José Arismendy García Rosa, de 34; Bartola Brito Sánchez, y Hugo Manuel Camilo Hidalgo, a quienes acusó de formar parte de “una peligrosa red de sicarios al servicio del narcotráfico y el crimen organizado”, contratados por un capo puertorriqueño para asesinar a tres dominicanos, incluyendo a Winston Rizik Rodríguez (El Gallero). En el operativo ocupó tres fusiles M4, tres pistolas, cientos de municiones, chalecos antibalas y vestimentas con insignias de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El 21 de septiembre de 2011 la Policía ocupó dos pistolas, una escopeta, un fusil y tres sables al allanar una vivienda en Ciudad Real, del sector Arroyo Hondo, en busca del presunto sicario y narcotraficante José Antonio Lugo Guerrero (Antonio Moraima).
