Cuando nuestros descendientes estudien la historia de nuestro país, seguramente el año 2014 tendrá reservado un lugar relevante, pues en este año la República Dominicana decidirá si reafirma su soberanía como nación libre e independiente o sucumbe ante las presiones internacionales que pretenden que nosotros sigamos permitiendo la invasión pacífica de ciudadanos extranjeros.
Es lamentable que la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional haya creado una aparente división de opiniones en la clase intelectual del país. Por esta razón debemos, ante todo, aclarar en qué consisten esas diferencias. En primer lugar nadie puede tener dudas de que un país pequeño como el nuestro, con graves indicadores de pobreza extrema, con altísimos niveles de desempleo y subempleo, esté en condiciones de seguir absorbiendo indefinidamente una inmigración de ciudadanos empobrecidos, pues esto inevitablemente empeoraría aún más la ya delicada e injusta situación social y económica en que se encuentra nuestro país, con todas las graves consecuencias que esto acarrearía. En segundo lugar, tampoco se puede estar en desacuerdo con que la única solución a este grave problema, es imponer reglas estrictas a la inmigración, como lo han venido haciendo desde hace muchas décadas todas las naciones del mundo que se respetan. Asimismo, es obvio que sólo se debe permitir la entrada a nuestro territorio, a aquellas personas que tienen documentos oficiales de identidad de su propio país de origen y que hayan cumplido con los múltiples requisitos que todas las naciones exigen para otorgar un visado de entrada a su territorio. Por tanto, la única discrepancia que podría existir, es en lo relativo al controversial carácter retroactivo que en algunos casos podría tener la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional. Si esta es la verdadera causa de la aparente discrepancia existente entre los dominicanos, deberíamos enfocar nuestra atención en solucionar aquellos donde se pueda estar cometiendo alguna injusticia, una vez se compruebe la misma. Pero, bajo ninguna circunstancia se puede aceptar que sean cientos de miles los afectados, como algunos pretenden. En consecuencia, ningún dominicano se debería prestar, aunque sea inconscientemente, para hacer juego a los intereses extranjeros que pretenden que la República Dominicana sea la que resuelva el problema que representa para la comunidad internacional, la empobrecida nación de Haití, pues nosotros no tenemos la culpa de la situación en que se encuentra esa sufrida nación. Por lo tanto, la posición que nos corresponde a todos los dominicanos es gritar fuerte, para que todos nos oigan y para que nadie tenga la duda de que nuestra nación está dispuesta enfrentar cualquier amenaza, de la naturaleza que sea, para defender su soberanía, pues en la historia universal no se conoce ningún caso de que un pueblo haya reafirmado su soberanía, sin tener que pagar un alto costo, ya sea político, económico o humano.
