Londres. Efe. Un tribunal británico denegó este miércoles la libertad condicional a Julian Assange, reclamado por EE.UU. por las revelaciones de su portal WikiLeaks, pese al temor de que contraiga COVID-19 en la cárcel londinense donde está en prisión preventiva. La jueza Vanessa Baraitser de la corte de magistrados de Westminster rechazó la petición de los abogados del australiano, que adujeron que su cliente, que tiene mala salud tras casi diez años de cautiverio sin haber sido convicto, puede contagiarse fácilmente del nuevo coronavirus en el centro de alta seguridad de Belmarsh, lo que pondría en riesgo su vida y la de su entorno.
La solicitud de los abogados de Assange, que afronta la segunda fase de su juicio de extradición en mayo, se produce después de que el Gobierno británico indicara que se plantea liberar temporalmente a algunos presos para reducir la incidencia de COVID-19 en las prisiones del Reino Unido. Al emitir su dictamen, la jueza dijo que no tiene “ninguna razón” para dudar de la eficacia de las medidas adoptadas por Belmarsh para combatir el coronavirus y sostuvo que el periodista, de 48 años, no es “el único preso vulnerable” a la pandemia.
Aceptó el argumento de la fiscal Clair Dobbin, en representación de la Justicia estadounidense, de que el exhacker presenta “un alto riesgo de fuga” y, si es puesto en libertad, “no regresará para atender este juicio”. Durante la audiencia preliminar, que el informático siguió brevemente por videoconferencia desde Belmarsh, Dobbin sostuvo también, en contra de lo que afirma la defensa, que el informático no se encuentra dentro del “grupo de riesgo” de contracción de la enfermedad.
El abogado Edward Fitzgerald declaró que su cliente, además de problemas de salud mental, padece una afección pulmonar que le hace particularmente vulnerable, lo que fue respaldado por testimonios escritos médicos y de su pareja, que no fue identificada. Assange está en prisión preventiva en Belmarsh a la espera de que concluya su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 cargos de presunto espionaje e intrusión informática por la difusión en WikiLeaks en 2010 y 2011 de información confidencial sobre la política exterior y de seguridad estadounidense.
El informático, que se declara inocente al considerar que se limitó a ejercer una labor periodística, rechaza su entrega con el argumento de que no afrontará un juicio justo en ese país, que ha indicado ya que no le aplicará la primera enmienda de su Constitución, que protege la libertad de expresión. El actual proceso legal de Assange empezó en febrero y fue aplazado hasta el 18 de mayo (al margen de vistas preparatorias), pero es posible que sea retrasado aún más por las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Arrestado inicialmente en 2010 en Londres a instancias de Suecia por un caso de presuntos delitos sexuales hoy archivado, Assange ha pasado casi una década confinado, primero bajo arresto domiciliario y después en la embajada de Ecuador, que en 2019 le retiró el asilo político, y ahora en la prisión de Belmarsh a la espera de que se resuelva este proceso.
