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El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia TC/0767/24, en la que declaró la inconstitucionalidad de la Ley núm. 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Este fallo unánime responde a una serie de acciones directas de inconstitucionalidad interpuestas por diversas organizaciones y partidos políticos del país.
La Ley núm. 1-24, promulgada en enero de 2024, se diseño para crear la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un organismo encargado de coordinar las actividades de inteligencia y contrainteligencia en la República Dominicana.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que la ley violaba varias disposiciones fundamentales de la Constitución del país.
En su fallo, el Tribunal argumentó que la ley infringía principios esenciales como la soberanía nacional, la separación de poderes y la supremacía de la Constitución.
Además, el tribunal subrayó que, al tratarse de una ley orgánica que regula temas vinculados a la seguridad nacional y la defensa del Estado, su aprobación debía contar con una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso, lo que no ocurrió en este caso.
Implicaciones de la decisión del Tribunal Constitucional
El fallo del Tribunal Constitucional ha generado un debate sobre el futuro de la Dirección Nacional de Inteligencia y la forma en que se gestionan las instituciones de seguridad en la República Dominicana.
Entre los puntos claves que se detallaron en la sentencia están:
1. Inconstitucionalidad de los procedimientos legislativos: El Tribunal indicó que la aprobación de la Ley 1-24 no cumplió con los requisitos establecidos para las leyes orgánicas, lo que llevó a su nulidad. Además, advirtió que la ley no mencionaba explícitamente su carácter orgánico, una omisión que afectó su validez.
2. Violación de derechos fundamentales: Entre los aspectos más controversiales de la ley se encontraban sus disposiciones que permitían a la DNI acceder a información privada sin orden judicial, lo que se considero una violación al derecho a la intimidad y al debido proceso, principios consagrados en la Constitución Dominicana.
3. Rechazo a la concentración de poderes: El Tribunal señaló que la ley otorgaba a la DNI un poder excesivo, que incluía la facultad de realizar acciones de inteligencia sin control judicial. Esto fue visto como una amenaza a la democracia y a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Partidos políticos como la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron los principales impulsores de las acciones de inconstitucionalidad, argumentando que la ley representaba un abuso de poder por parte del Ejecutivo y un atentado contra los derechos civiles.
