Dos ex directores de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) han sido sometidos ante el Tribunal Disciplinario del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), acusados de supuestamente discriminar y atropellar a decenas de contratistas que durante largos años han estado reclamando pago de obras finalizadas.
Los casos contra los ingenieros Luis Sifres y Francisco Pagan fueron presentados en fechas diferentes por el contratista Miguel Liberato, quien asegura que junto a numerosos contratistas fueron altamente afectados por malas prácticas de los dos ex directores de la OISOE “que en el ejercicio de sus funciones, violentaron normas establecidas y provocaron daños significativos a muchos codianos”.
El sometimiento de Pagan fue depositado hoy en el departamento de correspondencia del CODIA, mientras que el de Sifres fue entregado en mayo del año pasado. Sobre este último Liberato se queja de la informalidad con que el Tribunal Disciplinario del CODIA lo ha tratado.
“Esos funcionarios no solamente han discriminado a numerosos codianos que llevan largos años exigiendo pago de deudas, sino que también han exhibido una conducta de total desconocimiento de su obligación de velar por el cumplimiento de los fines del CODIA”, sostiene Liberato en su comunicación al tribunal en referencia.
En ese sentido el contratista asevera que en consonancia con los fines del CODIA, cualquier miembro del gremio que desempeñe un cargo público está llamado a ser leal a la Constitución, las leyes y a los principios éticos.
Igualmente argumenta que los dos ex directores de la OISOE supuestamente han violado varios numerales del Código de Ética del CODIA tras indicar que ambos incurrieron en abuso de autoridad, “infringiendo descaradamente los principios constitucionales de legalidad administrativa contenida en los contratos de obra”.
En declaraciones remitidas a la prensa, el ingeniero Liberato precisa que se considera contrario a la ética e incompatible con el digno ejercicio de la profesión, para un miembro del CODIA “violar, permitir que se violen o influenciar para que sean violadas las leyes y reglamentaciones relacionadas con el ejercicio profesional”.
Sobre el particular, insiste en que “al no pagar trabajos ejecutados los funcionarios no solo violan los contratos firmados, sino también los artículos 20, 37, 57, 58 y 59, de la Ley No. 107-13 del 6 de agosto de 2013, que tratan sobre los principios de sana legalidad en las actuaciones de la administración pública”.
