Es imposible hablar de desarrollo y crecimiento sin poder contar con un clima de paz que permita generar desarrollo y equilibrio económico, para lo que es necesario garantizar mecanismos que provean las condiciones para el pleno disfrute de los derechos y un control eficiente para prevenir situaciones de riesgo, violencia, crimen de cualquier índole.

La semana pasada, en este mismo diario, la socióloga Lilian Bobea decía “que el crimen se investiga igual que cuando Trujillo”.

Es cierto que nuestros organismos de seguridad, en especial nuestra Policía, carecen de muchos recursos pero pensar que estamos a niveles de hace cincuenta años es no reconocer que hemos avanzado en el tema, aunque no lo suficiente.

Como empresario he estado desde hace muchos años preocupado por el tema de la seguridad, entendiendo la necesidad de la misma para el progreso de un país que con mucho éxito se vende como turístico y donde la seguridad juega un papel fundamental.

La no solución de los problemas de seguridad tienen sus orígenes no sólo en el “populismo punitivo”, como lo llama la socióloga. El problema como muchos de los que padece el país tiene su base en la falta de políticas a largo plazo y la ausencia de inversión de calidad.

De no haber existido interés en cambiar el modelo trujillista, no se hubiese iniciado el Programa Policial de Integración Comunitaria (PPICO), procurando cambiar el modo de actuar de nuestra Policía, de forma de acercar la seguridad a la ciudadanía mediante el concepto de policía comunitaria.

En el 2005, el sector empresarial se involucra, ya no solo en el programa PPICO, sino que crea el Consejo Nacional de Prevención del Crimen (CONEPREC), donde no solo participan empresarios sino que además tenía y tiene el propósito de involucrar a las iglesias y a la sociedad civil.

Conozco de muchos programas tendentes a mejorar las capacidades de nuestros cuerpos del orden, donde incluso la Embajada de los Estados Unidos ha dado un apoyo importante y múltiples consultores contratados por nuestras autoridades en el área de seguridad han venido apoyando los esfuerzos de la Policía para mejorar su actuación, no solo combatir el crimen, sino algo más importante, porque evita estos, que es mejorar la seguridad ciudadana como forma de desterrar la intranquilidad y el temor que generan la violencia y la criminalidad que en estos momentos alcanzan niveles preocupantes y no solo afectan el turismo al que hacíamos referencia anteriormente, sino todo el clima de inversión y el sosiego que todos merecemos.

No puedo quitar la razón a la señora Bobea, quien sin duda es una experta en la materia, pero no creo que el problema de la seguridad en nuestro país sea sólo de métodos punitivos, ni el hecho de que nuestras cárceles estén abarrotadas de presos de delitos menores; creo que el problema es básicamente de que no hemos prestado atención de que el crimen se está enraizando en la sociedad con todas sus dañinas consecuencias.

El problema fundamental, y ahí concordamos con ella, es la falta de inversión en un área tan vital como es la seguridad. Cómo puede nuestra Policía estar a la altura de otras naciones, cuando el salario de un agente es la mitad de lo que es el salario mínimo nacional, ya de por sí bajo para cubrir las necesidades básicas de una familia.

Debemos aprovechar sus atinados comentarios y la situación actual de inseguridad que vive el país para aprovechar las experiencias del Plan de Seguridad Democrática del 2005, el Observatorio de Seguridad Ciudadana del 2012 y ya más reciente, el Plan Integral de Seguridad Ciudadana del 2013, que incluía el Plan de Registro y Control de Armas, Estrategia para el Control de Drogas y el Plan de Emergencias 911. Todos bien intencionados, pero sujetos a perimir tan pronto suceda un cambio de las autoridades que lo promueven si no actuamos con coherencia y sostenibilidad en estos planes.

En el año recién pasado se aprobó la Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16, que crea un nuevo marco institucional de normas jurídicas y de actuación policial. Esta ley, como todas, tendrá su importancia en la medida que se logre cambiar la cultura de la Policía y la misma se sienta comprometida a continuar los procesos de cambio y una nueva visión sobre su accionar.

Sin duda, también, uno de los problemas que inciden en la seguridad en nuestro país es la lenidad de los fiscales. Con mucha razón muchas veces la Policía se queja de que criminales con varias actuaciones, son liberados y los mismos fiscales se convierten en cómplices de estos. Por supuesto no en todos los casos, también hay fiscales comprometidos y al igual que sucede en la Policía, el presupuesto y los salarios son bajos.

Pero sin duda, todos los problemas de nuestro país tienen un componente común: la falta de educación y como dice la socióloga Lilian Bobea, el protagonismo de los políticos, ya que somos un país donde se trabaja para cuatro años y no para las generaciones futuras. Eso obliga a tomar decisiones simpáticas y no las adecuadas para cambiar, no sólo el aspecto de la seguridad sino otros tan importantes como las políticas económicas, ya que muchas de las decisiones importantes se postergan porque las próximas elecciones están cerca.

Tal vez difiero con la profesional en involucrar tantos actores como propone, Ministerios de Educación, de la Juventud, de la Mujer, Trabajo y alcaldes. El mismo afán de protagonismo que refiere haría impracticable una acción encaminada a mejorar la seguridad donde habrá tantas opiniones e intereses.

De hecho, lo vemos en la actualidad, donde Ministerios como Turismo y Obras Públicas y los municipios tienen participación activa en la seguridad, con muchos más recursos que la propia Policía, con iniciativas que han resultado positivas, pero dependen de la voluntad del funcionario de turno y no de una visión de seguridad integral.

Leopoldo Artiles, en el texto “Seguridad Ciudadana en la RD: Desafíos y Propuestas”, publicado por la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Planificación, dice: “la inseguridad es un síntoma de ingobernabilidad. El círculo de pobreza, corrupción, déficit en el desarrollo e iniquidad en la distribución de los ingresos u oportunidades genera una serie de consecuencias que son el producto natural de la situación descrita”.

Recordemos que la inseguridad no solo tiene un costo económico, tiene otro peor y es el daño al tejido social, con sus secuelas sobre huellas imborrables que tienen sus efectos sobre toda la vida.

No hay razón para no trabajar para mejorar la seguridad, sin necesidad de nuevos estudios, nuestro país está más que estudiado, lo que hace falta es coherencia y largo plazo en la toma de decisiones que impactarán en la vida y en la economía de los dominicanos.