El coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, el periodista Fernando Quiroz, sugirió al Gobierno que inicie un proceso para contratar servicios terapéuticos privados que permita eliminar la lista de espera de cientos de familias.
Quiroz insistió en que los cuatro planteles del Centro de Atención Íntegra a la Discapacidad (CAID), en Santo Domingo, Santiago, San Juan y Santo Domingo Este están desbordados de solicitudes, lo que amerita combinarlo con atenciones privadas cubiertas por el Gobierno.
Dijo que la contratación de centros privados permitirá al Gobierno un margen de tiempo para desarrollar el programa nacional de ampliación del CAID. Estos centros también atienden a niños con Síndrome de Down y parálisis cerebral.
Para la realización de esta iniciativa reiteró la urgente necesidad de dar cumplimiento a la Ley 34-23 de atención, protección e inclusión a las personas dentro del espectro autista y sus familias.
Falta de atención
Quiroz señaló que muchas familias dominicanas con recursos económicos, funcionarios del Gobierno y empresarios, optan por llevar a sus hijos a centros especializados a Estados Unidos o España, en lugar de buscar atención local.
Criticó la falta de un Registro Nacional de Familias con TEA, como establece la ley, y lamentó que el Censo Nacional de 2020 no incluyera preguntas específicas sobre el autismo y otras discapacidades, lo que impide conocer la verdadera dimensión del problema y diseñar políticas públicas eficaces.
Manifestó su preocupación sobre la falta de continuidad en las políticas públicas dirigidas a las personas con autismo y expresó esperanzas en el nuevo ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah, creen las condiciones para mejorar la atención.
Las políticas deben trascender a los gobiernos
Quiroz destaca la necesidad de que las políticas sociales dirigidas a la comunidad con discapacidad trasciendan los cambios de gobierno y se conviertan en compromisos de Estado, por el alto costo que representan, por el desgaste emocional e impacto económico.
Las familias afectadas esperan respuestas y acciones concretas que garanticen la inclusión.
