El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó ayer a una marcha hacia el Palacio Nacional el próximo miércoles por la supuesta violación de los tre ce puntos de los acuerdos firmados con el Ministerio de Salud, especialmente, en materia de pensiones y reajuste salarial.
“Todos estos puntos fueron violados y no cumplidos por el Gobierno, sumado al impedimento de que el personal médico, que labora en el hospital Luis E. Aybar regrese a este centro de salud y fundamentalmente la negativa del director de Pensiones en aplicar la Ley de Pensiones 414-98”, dijo el galeno al justificar la protesta durante una rueda de prensa.
Suero dijo que las autoridades no le han dejado otra alternativa que no sea la de iniciar un contundente proceso de lucha y tomar las calles frente a la burla, arrogancia y las desconsideraciones del Gobierno.
La marcha partirá a las 10:00 de la mañana desde la Maternidad La Altagracia hacia la casa de Gobierno.
“Le hemos dicho a las autoridades que las instituciones no se toman de relajo, que estos acuerdos aquí firmados por ustedes, los cumplen o lo cumplen. Vamos a llevar esta lucha donde tenga que llegar”, dijo Suero, quien aseguro que mantienen la voluntad de diálogo y la concertación para resolver este impasse.
Dice no afectará servicios
Al preguntarle sobre el sentido de oportunidad de la protesta en momentos en que siguen ascendiendo los casos de coronavirus en el país, el galeno manifestó que la marcha no afectaría la prestación de servicios en los hospitales, pues no se trata de una huelga de labores.
No obstante, advirtió que en caso de que sus reclamos no sean atendidos la lucha podría profundizarse en las calles y en los hospitales públicos.
El pasado 4 de febrero, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, y el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, firmaron un acuerdo que contempla la entrega de pensiones con el salario completo más los incentivos a los médicos a partir de los 60 años de edad y con más 20 años de ejercicio.
Para Suero, el incumplimiento de los acuerdos se trata de una burlay desconsideración por parte del Gobierno hacia la clase médica.
