Alrededor de 150 mil servidores públicos y sus 250 mil dependientes deberán ser afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) luego que el Tribunal Constitucional rechazara en enero pasado el recurso de amparo interpuesto por siete Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Según el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, el traspaso de estas 400 mil personas a la aseguradora estatal será efectivo una vez el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) logre el consenso necesario en el seno de ese organismo para determinar las fechas y la forma en que ejecutará la medida dispuesta en el artículo 31 de la Ley 87-01, de Seguridad Social.
Al ser entrevistado en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37, el funcionario explicó que la transferencia debe hacerse con la suficiente prudencia y en base al estudio de cada caso para no violentar el derecho de quienes por distintas razones están afiliados en ARS privadas.
Enfatizó que la ley debe cumplirse y que no hay impedimento desde el punto de vista jurídico para ello, pero que debe hacerse de manera que no genere un caos dentro del sistema.
Reveló que aunque el máximo órgano judicial del país ratificó que dicho traspaso no es inconstitucional, un sector, que no identificó, volvió a someter un recurso administrativo ante el máximo tribunal en contra de las decisiones del CNSS y la Sisalril con el objetivo de paralizar todo el proceso hasta tanto, el tribunal decida si es procedente o no.
Dijo que uno de los errores de la Ley 87-01, tiene que ver con la falta de mecanismos que permitan al CNSS, en su calidad de órgano colegiado, avanzar en sus decisiones cuando no se logre el consenso absoluto entre sus miembros.
Atención primaria para todos
En otro orden, Pedro Luis Castellanos reiteró que pese a la oposición del gremio médico, las sociedades especializadas y los dueños de clínicas, la estrategia de Atención Primaria debe ser aplicada para los afiliados de ambos regímenes, independientemente de su capacidad de pago, tal y como consigna la ley.
El funcionario dijo que los 7.8 millones de afiliados al Seguro Familiar de Salud tienen derecho a que se le garanticen intervenciones de prevención, promoción de salud y atención a problemas básicos como la diabetes o la hipertensión, sin que le cobren copagos, sin que haya topes, incluyendo los medicamentos y exámenes de laboratorio.
No especificó si reforma abarca eliminación de veto
“La ley establece que ese catálogo tiene que estar organizado por distintos componentes, uno de ellos es el primer nivel de atención y la atención primaria como estrategia de prevención y promoción de la vida saludable y que por distintas razones desde el 2001 eso no se cumplió”, dijo. Aunque no dijo si el proyecto de modificación de la ley 87-01, incluye la eliminación del veto en el CNSS, lo calificó positivo para la protección social de la ciudadanía.
