Santiago. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, propuso una metodología que permita avanzar con la velocidad necesaria y establecer objetivos claros y justos.
El planteamiento del funcionario lo hizo durante el segundo encuentro del diálogo para el reasentamiento de las comunidades enclavadas en zonas mineras en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
“Debemos concentrarnos en definir las diferencias conceptualmente y determinar cuáles subcomisiones técnicas abordarán cada uno de los temas para que puedan trabajar en ellos”, señaló.
La reunión tuvo lugar en el obispado de La Vega y estuvo también encabezada por monseñor Carlos Morel Diplán; el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo; Rolando Muñoz, director de Minería; Roberto Núñez, alcalde de Bonao y Martín Guzmán, por las comunidades.
El objetivo principal del encuentro fue que cada una de las partes presentará tres representantes para conformar una comisión de seguimiento que facilite una solución a los desacuerdos.
En este proceso, la Iglesia católica y el defensor del Pueblo actuarán como garantes éticos y constitucionales, acompañan al Ministerio de Energía y Minas en el proceso de búsqueda de una salida favorable a ambas partes: comunidades y la empresa minera.
Por parte de la Iglesia católica participaron los sacerdotes Juan Gabriel Belén, Johnny Durán y Osvaldo Concepción, SJ. En representación del Defensor del Pueblo asistieron Lorenzo Herrera, Harold Modesto y Sandra Nogué.
La comunidad estuvo representada por Matilde Manzueta Sosa, Martín Guzmán Tejada y Fernando Peña, mientras que Barrick Pueblo Viejo designó a Giselle Varela, Grant Beringer e Isaac Luciano como sus delegados. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, resaltó que en la reunión se avanzó en temas clave, incluyendo las normas para evaluar las viviendas, además de analizar información adicional requerida por las comunidades afectadas.