Santiago. La fiscalía de Santiago investiga al personal del despacho penal del Poder Judicial tras descubrir un falso documento que varía la medida de coerción en favor de un imputado en la operación Discovery.
Una fuente del Ministerio Público confirmó a elCaribe que dejaron abierta una investigación para determinar desde dónde salió dicho documento en favor del individuo cuyo nombre no es ofrecido debido a que se está en un proceso de pesquisa.
Al notar el documento, la fiscalía decidió profundizar en dicha investigación y determinó que no fue emitido por un juez. De acuerdo con las pesquisas, el imputado sería favorecido con una variación de la medida que actualmente es de prisión preventiva.
De su lado, el abogado Ángel Luciano dijo que se presentó de manera voluntaria ante la fiscalía con la finalidad de ponerse a disposición del titular del Ministerio Público, Osvaldo Bonilla, con respecto a la investigación.
“Aquí llegó una supuesta libertad, un contrato de fianza, de una libertad que supuestamente fue falseada. Con ese imputado hemos tenido varias audiencias de revisión que han sido ratificadas y están ahí las declaraciones en la prensa. Por eso me sorprende que aparezca esta resolución donde aparece el nombre nuestro”, apuntó el jurista. Luciano defendió su honradez y aseguró que en sus 22 años de ejercicio profesional, nunca se ha visto envuelto en situaciones de esa naturaleza, ni de otras parecidas.
Pidió que el caso sea profundizado sin importar quién caiga. Dijo que ya solicitó que su defendido fuera llamado a declarar. Luciano dijo que se enteró de que su defendido había sido beneficiado con una orden de libertad, cuando recibió la llamada de otra compañía que vende fianzas para que acudan a corregir un contrato.
Red operaba en varios puntos del país
El caso Discovery fue dado a conocer el 2 de marzo del 2022, cuando el Ministerio Público informó que desmanteló una red que operaba Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata que estafó a cientos de ciudadanos en Estados Unidos de diversas formas, incluida la extorsión sexual, económica. En el proceso actuaron 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes policiales.
