Santiago. Organizaciones ambientalistas advirtieron que a pesar de que algunas leyes establecen el ordenamiento jurídico, la corrupción y la falta de institucionalidad impiden alcanzar las metas ambientales que garanticen los cambios ambientales que necesita el país.
Para revertir esto, los representantes de más de 90 organizaciones todo el país que se reunieron en esta ciudad, en una actividad coordinada por la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), entidad que presidida por Belkis García, iniciaron una ruta para programar acciones que permitan influir de forma significativa en las políticas públicas del sector y promover los cambios necesarios para alcanzar un país sostenible. Dentro de los problemas que afectan la calidad ambiental citaron la falta de aplicabilidad de la legislación ambiental y un ordenamiento territorial, la crisis del agua, amenazas de las áreas protegidas, desechos, industria extractiva y megaminería a cielo abierto, cambio climático y la variante del calentamiento global y el consumo insostenible, entre otras.
Medidas
Los ambientalistas coincidieron en que la principal debilidad que afecta el sector es la falta de una agenda común y la creación de un mecanismo nacional que permita el dialogo y ejecución de acciones firmes para intervenir en la creación, aplicación y seguimientos de las políticas públicas del Estado.
Durante el encuentro, efectuado en Santiago el pasado fin de semana, determinaron que las principales acciones a implementar son educativas, para así llegar a todos los todos los niveles, influir para la creación de las legislaciones faltantes y modificación de otras que están obsoletas, promover un consumo sostenible y una agricultura orgánica, luchas en contra de la industria extractiva y la megaminería en áreas de vital importancia para la sostenibilidad.
Llaman a proteger el recurso agua
Advirtieron del peligro que enfrenta el sector agua, recurso que dicen se encamina a ser privatizado, no sólo en país, sino que es una tendencia global. Sobre el Parque Manolo Tavárez Justo reclamaron iniciar acciones para impedir que la actual sentencia lo elimine, aunque advierten que es definitiva, el Estado debe crear un decreto que permita proteger esta y otras áreas.
