Santiago.-El Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP) condenó la muerte del agrónomo Octavio Guaba, las heridas a su esposa Marianela Caraballo, y el apresamiento de un dirigente popular durante el operativo contra supuestos integrantes de una red de tráfico de armas.
El movimiento popular denuncia la detención de su dirigente Rafael Mariano Martínez durante los allanamientos en Licey al Medio y Canca la Reina, por parte de efectivos del DICRIM, SWAT y la Fiscalía de Santiago.
Dice que la parte agredida no presentó ningún tipo de resistencia, conforme lo denuncia la comunidad de La U en Canca La Reina.
La investigación contra la organización criminal contó con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
El Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP) denunció que su dirigente Rafael Mariano Martínez, apresado en los allanamientos, venía siendo víctima de una campaña represiva pues anteriormente había sido allanado y detenido en tres ocasiones bajo el pretexto de que denuncie y comprometa a terceros en hechos reñidos con la ley, como es el caso de Bello Blas.
El Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP) demandó una investigación seria y profunda del asunto del tráfico de armas que derive en responsabilidades y que sea puesto en libertad el compañero Rafael Mariano Martínez; además que sea esclarecido el asesinato vil del agricultor Octavio Guaba, así como la herida de su esposa Marisela Caraballo.
El FLUP denunció enérgicamente que hace algún tiempo el gobierno de Luis Abinader, aparatos de seguridad del Estado y el Ministerio Público han orquestado un plan criminal para vincular a las organizaciones sociales y dirigentes populares con el objetivo de desarticular las luchas reivindicativas que se desarrollan en el Cibao por demandas legítimas de las comunidades.
Tal es el caso de los apresamientos de los dirigentes populares del FLUP Roberto Núñez y Mariano Martínez, pretendiendo vincularlos a hechos criminales como fue el asesinato del cabo policial Darío Trinidad de los Santos.
Dice que este hecho ocurrido en la comunidad Canca la Reina no está vinculado a las actividades de protestas escenificadas en la región del Cibao.
El Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP) denunció que el objetivo del gobierno con este plan es vincular con hechos delictivos a las organizaciones sociales y populares para lograr desarticulación de las luchas a través de atemorizar a la población, criminalizar el derecho a la protesta social, dividir el movimiento, comprar líderes populares y prefabricar expedientes falsos como es el caso del joven Bello Blas el cual guarda prisión acusado injustamente de un hecho con el cual nada tiene que ver.
Este plan del gobierno de Luis Abinader se desarrolla con el objetivo de desarticular el movimiento social e impedir que la población proteste contra el alto costo de la vida y se pretende vincular a organizaciones y activistas con actividades reñidas con la ley.
