La aprobación de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial continúa provocando reacciones adversas de sectores que se sienten vulnerados con la pieza legislativa.Tal es el caso de asociaciones de transporte escolar, que afirman que con la ley están sobrerregulados y repercutirá negativamente en sus bolsillos.
Jorge Ramírez González, presidente de la Asociación de Transporte Escolar del Distrito Nacional, puso como ejemplo la renovación anual de la licencia para ofrecer el servicio.
“Es cierto que la ley trae mayor regulación y eso es bueno, pero representará un gasto enorme, advirtió al tiempo que recordó que “somos un sector pequeño, pero organizado. Primordial para la sociedad, porque los padres para trabajar necesitan de nuestros servicios”.
En ese sentido, la ley establece en sus artículos 67 y 68, que para operar los autobuses dedicados al transporte escolar serán de un color único, con ribetes e inscripciones distintivos de cada empresa. Asimismo, limitará los pasajeros transportados al número de asientos de la unidad.
Ante esto, el presidente de la Asociación de Transporte Escolar de San Cristóbal, Ramón Pérez Sierra, consideró que los beneficios para el gremio se disminuirán sustancialmente.“Nosotros transportamos niños no adultos, por lo que los asientos alcanzan para montar tal vez dos o tres personas más de lo que manda el fabricante” acotó.
Plazos para cambios
La ley también establece en su artículo 353, que a partir de seis meses de entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo deberá emitir los decretos que darán inicio a la transformación institucional, administrativa, técnica y operativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).
Estas instituciones deberán ser transformadas en empresas públicas o mixtas públicas-privadas prestadoras de servicios públicos de transporte de autobuses y ferroviarios.
La OMSA será una empresa con corredores donde el Estado entienda que le resulte estratégico, según explicó el proponente de la pieza, el diputado Tobías Crespo. En tanto que la Opret, que construye las líneas del metro, operará en servicios sobre rieles, o sea, metro o teleférico. “El Estado ha hecho en varios campos alianzas público- privadas y ha funcionado”. Manifestó que a pesar de ser empresas públicas estarán reguladas por el Intrant y dirigidas por un vicepresidente.
Considera apropiada transformación OMSA
El experto en temas de transporte Onéximo González consideró apropiada la transformación de la OMSA y la Opret ya que en los modelos de intervención del Estado en esta materia no ha funcionado. “El Estado no es un buen operador de un servicio público como el transporte. Si ya el Intrant como fiscalizador tiene los mecanismos legales para actuar, debe dejar la administración de la OMSA en manos privadas o una combinación público privada” .
