Santiago. Organizaciones comunitarias y ambientalistas de Villa González bloquearon el paso de camiones para hacer valer la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena el cierre inmediato de varias minas para la extracción de material.
La decisión emitida por el TC/0458/21 dando ganancia de causa a los demandantes, con un astreinte de 50,000 pesos por cada día de retraso en el cumplimiento de la presente sentencia a cargo de la empresa Constructora Mar, SRL., el cual será distribuido de la siguiente manera: un 30 % a favor de la Sociedad Ecológica del Cibao, un 30 % a favor de Coordinadora de Mujeres del Cibao y un 40 % a favor del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. La mina está ubicada en Palmarejo, Villa González.
El tribunal además acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión de amparo y en consecuencia revoca la sentencia número 0514-2019-SSEN-00304, dictada por la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial o de Santiago, del nueve de julio del 2019.
Bárbara Reyes, de las organizaciones convocantes, dijo que decidieron colocarse en las tres entradas donde operan tres minas e igual número de empresas que asegura están destruyendo el hábitat natural del Pico Diego de Ocampo en su zona de amortiguamiento y la zona del Boquerón. Dice que estas dos actividades son para impedir que circulen los volteos de las otras compañías irregulares, que están extrayendo materiales.
En su sentencia, el TC establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene el deber de cumplir las funciones que el ordenamiento jurídico establece como normas nacionales y convenios internacionales suscritos por el Estado, para la protección efectiva del medio ambiente.
En consecuencia, el incumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, así como también de los servidores públicos responsables de la concreción de las distintas tareas.
