Juncalito. “Lo que está atravesando mi familia no se lo deseo a nadie, estamos viviendo como en el aire, no hemos vuelto a ser jamás personas, nos mataron en vida”.
Con esta frase, Nelly Abreu, madre de uno de los siete menores agredido sexualmente por el sacerdote Wojciech Waldemar Gil (Alberto Gil), muestra su frustración y desesperanza pues a pesar de la condena impuesta por un tribunal de Polonia, el trauma sigue presente en ellos. Aunque en principio solo tres familias de los afectados presentaron denuncias, las pruebas recopiladas por la Fiscalía de Santiago, establecía que llegaban a nueve los niños abusados. En Juncalito, distrito municipal del municipio de Jánico solo tres familias quedan en la comunidad y el resto se ha marchado a otros pueblos por el lastre y trauma que les deja el recuerdo de los abusos sexuales cometidos por el cura católico polaco.
Abandonados a su suerte
Y es que a cuatro años y un mes del escándalo que desató las agresiones sexuales cometidas por el sacerdote, la vida le ha dado un giro de 360 grados y la felicidad que reinaba entre amigos y vecinos se perdió por completo. A pesar de que el caso fue destapado por elCaribe el 30 de mayo del 2013, los afectados aún no han recibido la compensación económica ordenada por un tribunal de Varsovia en Polonia, tras condenar al padre Alberto a una pena de siete años de prisión. Nelly Abreu y su esposo Ramón Peralta, padres de uno de los menores, dijo que hasta la ayuda psicológica brindada fue suspendida.
“Mi esposo y yo vivimos enfermos en esta pequeña casita de madera y no vemos que ninguna autoridad le diera seguimiento a este caso”, expresa Nelly Abreu. Su hijo de 18 años de edad, cursa el cuarto de bachillerato, pero se resiste a rememorar las vejaciones y abusos cometidos por el sacerdote.
Su vecina, Belisa de Jesús Núñez, abuela de uno de los abusados, quien cumplió 17 años, dice no creer que se hiciera la justicia que esperaban las familias de los menores. “Yo no puedo decir que el padre al que le depositamos la confianza está preso, pues estamos bastante lejos de Polonia y el gobierno dominicano ni siquiera le ha dado seguimiento a lo que otorgarían como compensación económica”, apuntó Belisa de Jesús Núñez.
Otro de los afectados es el hijo de Ramón Bonelli Fernández, quien apenas cumplió 16 la pasada semana y que contaba con doce cuando fue agredido sexualmente. En el legajo de pruebas establece que el cura grabó y tomó miles de fotografías a varios niños. En principio, las versiones eran que había abusado de 15 menores, pero luego tres presentaban agresiones sexuales y se querellaron. No obstante, en diciembre del 2014, la Fiscalía de Santiago aportó como nuevas pruebas a las autoridades judiciales de Polonia, entre éstas, nuevas víctimas de abuso cometidas por el sacerdote Wojciech Waldemar Gil.
El 17 de octubre del 2013 comenzaron a brindar terapia psicológica a los menores y a los padres, pero poco tiempo después fueron quitadas, por lo que los afectados se quejan de la función del Ministerio Público. A pesar del trauma que vivió la comunidad con el religioso, la iglesia San Antonio de Padua ha vuelto a atraer a los fieles católicos.
Aun no se ha pagado la indemnización
En marzo del 2015, un tribunal de Varsovia, capital de Polonia, condenó al sacerdote a pagar una compensación económica en favor de las víctimas. La indemnización establecía el pago de 155.000 mil Zloty, moneda de curso legal en Polonia, (unos 38 mil euros a la tasa actual). Además deberá cumplir una condena de siete años de prisión tras arribar a un acuerdo con la justicia polaca. “La justicia dominicana debió ser la que juzgara al padre porque aquí fue que se cometieron los hechos” indicó la comunitaria María Almonte.
