A fines de 2012, la clase media se rebeló. Reaccionó con indignación, y se expresó en las calles y en las redes sociales, al conocer del enorme agujero fiscal, ilegítimo y probablemente ilegal, que la administración de Leonel Fernández había dejado. También de las intenciones de la recién inaugurada administración de Danilo Medina de incrementar la carga impositiva para salvar la situación fiscal, y de las crecientes evidencias de actos de corrupción en la administración del Estado.
La rebelión se extiende
Desde fines de 2016, la rebelión se está repitiendo, con la diferencia de que, en esta ocasión, la movilización tiene dimensiones significativamente mayores, transciende a los sectores medios al incorporar un creciente número de personas de estratos socioeconómicos bajos y de organizaciones que trabajan con esa población, tiene un mayor nivel de organización, y apunta con mucho más precisión hacia la corrupción en el Estado y hacia la impunidad.
El hecho de que el flujo de información sobre el caso Odebrecht y sus admitidos sobornos multimillonarios esté fuera del control de los grupos políticos locales en el poder ha venido contribuyendo a que descubramos la trama montada, y ha dado un tremendo impulso a la acción de grupos ciudadanos en demanda de acciones judiciales.
Pero no sólo se trata del caso Odebrecht sino que éste se suma a una cadena de denuncias que han generado un efecto acumulativo. La compra sobrevaluada de los Tucanos en base a sobornos, la remodelación reciente del Hospital Darío Contreras, el caso del senador Bautista por enriquecimiento ilícito con recursos del Estado y tráfico de influencias, y el caso del exministro Díaz Rúa también acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, son algunos de los más conocidos.
El nivel de movilización y de presión que está generando en este momento la cuestión de la corrupción en el Estado y la impunidad con la que han operado los grupos ha alcanzado un nivel tal, que es difícil que el sistema político no sea impactado y no se produzcan cambios.
No sólo se trata de que la movilización ciudadana esté teniendo unas dimensiones con pocos referentes en la historia reciente del país sino también que los casos de corrupción que se están revelando están comprometiendo a todos los actores y partidos políticos de mayor peso.
Implicaciones para los partidos
Esto tiene dos implicaciones importantes. La primera es que está contribuyendo a debilitar un pilar fundamental del sistema de gobernanza política. El caso Odebrecht está comprometiendo muy seriamente al conjunto de la cúpula del PLD, y ya se muestran algunos signos de fractura y de tensiones en su liderazgo.También figuras importantes del PRM podrían verse envueltas en la medida en que la empresa admitió que inició sus operaciones de soborno en el país cuando algunas de ellas tenían posiciones de mando y decisión en materia de contratos de infraestructura. Así mismo, el liderazgo del PRD fue involucrado en el caso de la operación de titulación de parcelas en Los Tres Brazos, al vincularse la empresa tituladora con su presidente. Y en el caso del PRSC, no habría mucho que argumentar pues es vox populi que las prácticas de otorgar comisiones a cambio de asignar contratos públicos se introdujeron y popularización durante sus administraciones, hasta el punto de estandarizarse.
Es difícil predecir en qué podría desembocar este proceso que se ha desatado. Está claro que está debilitando al PLD más que a cualquier otro partido, pero la oposición se percibe débil e incapaz de capitalizar la situación, en parte porque no puede presentarse como una alternativa con una práctica claramente diferenciada. Además, contribuye a ello el hecho de que el próximo proceso electoral aparece lejano, espacio que parece ser el único en el que los partidos actúan, habiendo abandonado el debate sobre políticas. Tampoco es evidente en este momento que estén emergiendo o fortaleciéndose propuestas políticas nuevas, o que este proceso esté estimulando cambios dentro de los partidos, y que estén emergiendo nuevos consensos en ellos para renovar el ejercicio de la política en general, y del poder desde el Estado en particular.
Se reduce el espacio del rentismo
La segunda, muy vinculada a la primera, es que las bases de la enorme economía rentista (que extrae y no produce) que se ha generado alrededor del Estado alimentada por la corrupción y las prácticas clientelistas parecen empezar a verse socavadas, y los espacios de ese rentismo se estrechará. Esas prácticas, al tiempo que ha contribuido, junto a la débil base tributaria, a restringir la capacidad del Estado para proveer bienes públicos en cantidad y calidad suficientes, ha servido para alimentar las finanzas de esos grupos con fines tanto personales como políticos, contribuyendo a apuntalar sus proyectos, unos buscando perpetuarse y otros buscando ampliar sus espacios, y seguramente ha contribuido a exacerbar los niveles de inequidad distributiva.
Como ya lo han indicado algunos, la tolerancia a la corrupción y el clientelismo que ha prevalecido en el pasado está en declive, y eso representa un punto de inflexión. La vigilancia pública sobre el gasto y las acciones estatales continuará creciendo, y el costo político de esas prácticas crecerá. Creo que esto es algo más que un buen deseo.
Vernos en el espejo de Brasil
Pero el tema de la corrupción no debe verse sólo como un problema de largo plazo que compromete el desarrollo. También puede tener efectos políticos y económicos directos e inmediatos.
En Brasil, como consecuencia de la corrupción, un gobierno fue tumbado y la recesión se ha profundizado debido a la enorme incertidumbre. Pero también ha tenido impactos económicos directos devastadores, los cuales amenazan con acrecentarse. Primero, estremeció y afectó sensiblemente el desempeño de Petrobras, la empresa más grande en toda Latinoamérica. Segundo, muy probablemente hará desaparecer a Odebrecht, la más prestigiosa y quizás más importante transnacional brasileña, con todas las implicaciones sobre la generación de rentas e ingresos por exportaciones de servicios. Tercero, terminará derrumbando uno de los sectores exportadores más importantes de ese país: el de exportación de carnes. Como ha trascendido en los medios, en el marco de un esquema corrupto en la que estuvieron envueltos funcionarios sanitarios, empresas de ese país adulteraron (maquillaron) carnes con el fin de encubrir el hecho de que no eran aptas para el consumo. Varios de los más importantes clientes ya han prohibido la importación de carnes desde Brasil. En 2016 estas alcanzaron más del 7% del total de las exportaciones pero en 2017 seguramente se verán desplomarse. Brasil es el décimo exportador mundial de carnes.
De allí, cuando pensamos en posibles efectos económicos de la corrupción en el país, no sólo hay que tener en mente los de largo plazo, institucionales y asociados al debilitamiento de la provisión de bienes públicos. También hay que pensar en las amenazas y los impactos inmediatos.
¿Cuánto pierde el país en turismo de calidad por tener una Policía corrompida y un país poco seguro? ¿Cuántos proyectos de inversión no se realizan por las prácticas de extorsión en el otorgamiento de permisos y administración de otras regulaciones? ¿Cuánto de lo pagado en sobreprecios a Odebretch y a muchos otros proveedores pudo haberse convertido en producción nacional y empleos de no haberse fugado en forma de ganancias extraordinarias?
De hecho, no parece difícil imaginar algún caso en materia de exportaciones, turismo o vinculado a las finanzas en el que, como en Brasil, un caso de corrupción termine derrumbando la actividad, y afectando sensiblemente toda la economía.
Por ello, la cuestión de la corrupción no es un asunto abstracto o alejado de cada uno de nosotros. Sus consecuencias negativas directas pueden tocarnos muy de cerca y en poco tiempo, y hasta desatar una crisis. Ya ha pasado.
Hay avances, y los partidos ya no podrán ser indiferentes a las movilizaciones y exigencias de una parte importante de la ciudadanía. Pero atacar la fuente del problema, esto es, las prácticas políticas, y transformar esas demandas en una nueva forma de hacer política, requerirá de mucho más: una lucha más dilatada y más sistemática.
