BRUSELAS (AP) — El destituido presidente catalán Carles Puigdemont dijo el martes que fue a Bruselas en busca de “libertad y seguridad” después que España bloqueó el intento independentista y busca presentar cargos en su contra que podrían significarle décadas de cárcel.
Al día siguiente de su arribo a la capital belga, Puigdemont dijo en conferencia de prensa que regresaría “inmediatamente” si tuviera garantías de un proceso judicial justo en España. Negó que buscara asilo en Bélgica.
Puigdemont dijo que él y su equipo permanecerán en Bruselas. “Seguiremos con nuestro trabajo a pesar de los límites que se nos imponen”, aseguró en el Club de la Prensa, adyacente a la sede de la Unión Europea.
El gobierno español ha reprimido el intento de Puigdemont de declarar a Cataluña, una próspera región de 7,5 millones de habitantes, independiente de España. Madrid lo acusa de violar la Constitución al realizar el referendo del 1 de octubre. El Parlamento catalán aprobó la declaración de independencia la semana pasada, pero la Constitución dice que España es “indisoluble”.
La fiscalía española anunció el lunes querellas por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras ante la Audiencia Nacional.
Quiere presentar cargos similares ante la Corte Suprema para seis miembros de la ahora disuelta mesa del Parlamento catalán porque gozan de un grado de inmunidad y solo pueden ser juzgados por el máximo tribunal.
El Tribunal Supremo aceptó entender en el caso contra los seis, en tanto la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado sobre Puigdemont.
Puigdemont fue acompañado en la conferencia por cinco funcionarios destituidos de su gobierno. Dijo que aceptará el reto de las elecciones regionales anticipadas convocadas por el gobierno central para el 21 de diciembre “con todas nuestras fuerzas” y que los nacionalistas catalanes irán a votar. Con este anunció disipó los temores de que los secesionistas boicotearían los comicios con la esperanza de restarles legitimidad.
Al entrar al edificio, Puigdemont pasó junto a pequeños grupos de manifestantes con banderas españolas y carteles de “Viva España”.
Madrid asumió el control de la próspera región del noreste de España durante el fin de semana después de que Puigdemont llevó al Parlamento local a proclamar una nueva república el viernes.
El ejecutivo de Mariano Rajoy cesó al presidente catalán y a todo su equipo de inmediato, disolvió la cámara y convocó elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.
En otro revés para los separatistas, el Tribunal Constitucional en Madrid dijo el martes que suspendía la votación del Parlamento catalán que aprobó la independencia mientras estudiaba su legitimidad. La corte ha fallado consecuentemente en contra de todo paso hacia la secesión.
La Asamblea Nacional Catalana, uno de los grupos separatistas principales de la sociedad civil, dijo el martes que aceptaba la elección regional a pesar de que fue convocada bajo la intervención de Madrid.
El grupo, cuyo líder está en la cárcel aguardando juicio por sedición, no es un partido político, pero ha sido la principal fuerza cívica impulsora del movimiento independentista en los últimos años.
Dijo que las organizaciones de base deben preparar una “estrategia conjunta” de cara a las elecciones con el objetivo de “obtener una victoria incuestionable que ratifique la república”.
En tanto, algunas de las páginas oficiales de internet del gobierno catalán vinculadas con el gobierno destituido estaban caídas el martes, en una nueva señal de que las autoridades centrales estaban a cargo.
