SAN JUAN (AP) — Miles de puertorriqueños marcharon el martes en protesta por recortes a las pensiones, cierres de escuelas y la lenta reconstrucción del país tras el paso de huracanes, en un contexto de descontento entre los residentes de la isla por las medidas de austeridad que se avecinan.
Algunos de los participantes de la marcha por el Primero de Mayo eran maestros, trabajadores sindicalizados y jubilados, tanto del sector privado como público, así como la alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz.
“Estoy aquí para apoyar a todas aquellas personas que están en la pobreza”, dijo durante la marcha Juan de Dios del Valle, de 56 años, trabajador público que fue cesado en el 2008 y desde entonces solo ha trabajado ocasionalmente como jardinero o limpiando oficinas o viviendas.
La protesta fue pacífica hasta que cientos de manifestantes jóvenes, muchos con los rostros cubiertos, chocaron con la policía, que les disparó bombas lacrimógenas para dispersarlos. Se reportaron varios heridos, mientras que algunas columnas de humo blanco se elevaban en el distrito de Hato Rey, donde hay varios bancos e instituciones financieras.
El centro comercial más grande del territorio estadounidense, así como bancos, escuelas y agencias del gobierno cerraron durante todo el día por temor a que la protesta se tornara violenta.
Puerto Rico está atascado en una recesión desde hace 11 años, tratando de reestructurar parte de su deuda pública de 72.000 millones, a la vez que tiene problemas para reconstruir la infraestructura tras los daños causados por María. El huracán de categoría 4 que castigó la isla el 20 de septiembre causó daños valorados en unos 100.000 millones de dólares. Alrededor de 30.000 clientes de electricidad siguen este servicio.
Los economistas advierten que el índice de pobreza de la isla, donde viven 3,3 millones de personas, podría subir de 45% a más de 60%. Entre tanto, la junta federal de control que supervisa las finanzas del territorio estadounidense aprobó varias medidas de austeridad a fines de abril, las cuales el gobernador Ricardo Rosselló se ha rehusado a aplicar. Algunas de estas medidas son: Un recorte de 10% a la pensión pública, que tiene pasivos por casi 50.000 millones.
El recorte a estas pensiones es una de las razones por las que Ramón Cabán, retirado de la compañía de electricidad de Puerto Rico, decidió participar en la marcha.
“Va a ser inaguantable”, dijo Cabán, de 60 años. “El futuro de Puerto Rico es bien incierto. Es desesperante porque nadie puede hacer planes para el futuro”.
