La entidad suspendió al médico legista Orlando Herrera Robles, quien emitió el acta de defunción del imputado
La Procuraduría General de la República informó este martes que durante el proceso de investigación que desarrolla en torno a la alegada muerte de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias “Rafaelito” o mejor conocido como “Quirinito”, ha recabado suficientes evidencias para establecer que este condenado a 30 años por homicidio no ha fallecido.
A través de un comunicado institucional, dijo que a partir de estos hallazgos procedió de inmediato a activar su búsqueda y a solicitar a los organismos de inteligencia del país, así como a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), una orden de captura nacional e internacional, respectivamente, contra Castillo Paniagua.
El organismo también expresó que suspendió al médico legista Orlando Herrera Robles, quien el pasado 5 de julio emitió el certificado ficticio en base al cual se expidió el acta de defunción No. 00239, Folio 0039, con fecha de registro del 6 de julio del presente año, que declara la defunción del hoy prófugo por la causa de fallo cardíaco, debido a infarto agudo al miocardio por carcinoma epidermoide en la base de la lengua, resaltando que “con esta medida no se descarta que el galeno actuante sea procesado judicialmente al concluir la investigación”.
@ElCaribeRD Fotos de Quirinito que reposan en el expediente del MP. Suspendieron al médico legista Orlando Herrera Robles. pic.twitter.com/XoA5wpcYyV
— Libonny Pérez (@libonnyamir) October 3, 2017
La Procuraduría indicó que al momento de su supuesta muerte “Quirinito” se encontraba “cumpliendo prisión domiciliaria en el municipio de San Francisco de Macorís, por disposición de la juez de Ejecución de la Pena de esa demarcación, Aleida Jiménez Acosta, quien a tales fines, el 26 de mayo del presente año emitió la sentencia número 136-01-2017-SSEN-00064”.
Dijo, además, que “esta decisión judicial cambió el régimen de cumplimento de la condena a 30 años por homicidio de Castillo Paniagua y fue la disposición de la jueza Aleida Jiménez Acosta que ordenó sacarlo del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle para recluirlo en una vivienda situada en el residencial Bety Marie, del sector Paseo de los Ríos, en el municipio cabecera de la provincia Duarte”.
En la declaración difundida por su departamento de prensa, la institución señala, además, que en el transcurso de la investigación ha interrogado a más de 12 personas y han realizado numerosas visitas y descensos. “Además, se han obtenido varios documentos en instituciones públicas y privadas, encontrándose esta documentación e información bajo evaluación dentro del proceso”, dice el documento.
Precisó que uno de los interrogados fue el padre de Castillo Paniagua, el señor Rafael Castillo Ramírez, quien al ser cuestionado informó a las autoridades “que su hijo no está muerto porque de haber fallecido le hubiesen entregado el cadáver”.
De igual manera, dijo que fue interrogada la esposa de “Quirinito”, Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo, quien declaró “que su esposo murió en su residencia, en horas de la mañana del pasado 5 de julio del presente año, y que no estaba en disposición de decirle a las autoridades quién se llevó el cadáver ni dónde está enterrado”.
Asimismo, la Procuraduría dijo que durante los interrogatorios a las autoridades actuantes, entre las cuales figuran jueces, fiscales, personal penitenciario y médicos, las mismas han negado haber actuado en contubernio, alegando que de encontrarse vivo Castillo Paniagua, “fueron sorprendidos en su buena fe”.
En este sentido, la institución explicó que las indagatorias arrojaron que el personal de vigilancia a cargo de supervisar la prisión domiciliaría impuesta a “Quirinito”, “verificó que la misma se cumplía tal como había dispuesto el tribunal, entregando estos, fotos del fugitivo supuestamente convaleciente en su residencia, tomadas durante las visitas calendarizadas por el sistema penitenciario”.
La Procuraduría expresó además que se continúan ampliando las indagatorias, a fin de determinar en forma veraz, si hubo algún tipo de manejo irregular para lograr que el reo se sustrajera del cumplimiento de la condena a 30 años por homicidio o si el personal interviniente fue engañado.
Igualmente, el organismo aseguró que “si durante la continuación de la investigación se determina que servidores públicos o personal del sector privado tienen comprometida su responsabilidad penal, serán sometidos a la acción de la justicia, sin importar de quien se trate”.
Finalmente, la Procuraduría reiteró que por tratarse de una investigación que está en pleno desarrollo, de conformidad con lo establecido en las leyes del país, por el momento no es posible divulgar más informaciones para no entorpecer las diligencias procesales de la misma, comprometiéndose a informar oportunamente a la ciudadanía cuando surjan nuevos avances”.
