La Procuraduría General de la República informó este domingo que durante la ampliación de la investigación sobre los sobornos en la compra de los aviones Super Tucano, el Ministerio Público profundizó en todas las menciones y referencias de legisladores, políticos, exfuncionarios, así como también, de otras personas, empresarios y compañías y que no hallaron evidencias que comprometieran penalmente a otros de los acusados.
La información fue dada a conocer este domingo en un comunicado por la dirección de comunicación y prensa del organismo persecutor del delito, en el que explica que hasta el momento de depositar la acusación formal de este caso, las pesquisas no arrojaron evidencia fehaciente que comprometa la responsabilidad penal de otras personas o empresas.
La declaración expresa también que, si durante el juicio preliminar o al concluir diligencias investigativas que esperan respuesta desde el extranjero, alguien más resulta señalado y comprometido en estos ilícitos, el Código Procesal Penal permite que el Ministerio Público también le someta a la justicia en acusación separada o ampliando la que fue depositada.
La institución resaltó, además, que los acusados formalmente la semana pasada están encabezados por un exministro de las Fuerzas Armadas, el mayor general retirado Rafael Peña Antonio, y el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez.
Igualmente, que la acusación incluye a los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, junto a Ysrael Abreu Rosario y a Félix Del Orbe Berroa, así como a las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
Destacó, también, que la investigación en el país de este caso inició a comienzos del 2016 y que hasta la extensión del plazo para la misma, autorizada por un juez a mediados de 2017, solamente había cuatro imputados.
De igual modo, dijo que la ampliación y profundización de la indagatoria permitió adicionar como nuevos inculpados a otras 2 personas y 3 compañías, además de fortalecer el expediente, dotándolo de nuevas evidencias.
La Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió ante la justicia de Brasil y Estados Unidos haber pagado unos 3.5 millones de dólares a funcionarios públicos dominicanos para facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2009.
Recientemente la Oficina de Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional apoderó mediante sorteo al Cuarto Juzgado de Instrucción para conocer la solicitud de apertura a juicio de este caso, realizada por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
