Para FINJUS es inaplazable que dicha Comisión encamine sus pasos hacia el establecimiento de una amplio consenso social
Santo Domingo.- La decisión que ha tomado la Comisión Bicameral que estudia las leyes electorales, en el sentido de dejar sobre la mesa el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas hasta tanto las directivas de los diferentes partidos se pongan de acuerdo, es una muestra de la falta de sintonía que existe entre la sociedad, el sistema de partidos políticos y los órganos legislativos.
Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) son notorios los reclamos de amplios sectores sociales que plantean la urgencia de que se apruebe una ley moderna de partidos que imponga el orden y transparente la vida interna de las agrupaciones políticas, por lo que es lamentable el retraso que implica esta nueva decisión de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley en este tema.
Para FINJUS es inaplazable que dicha Comisión encamine sus pasos hacia el establecimiento de una amplio consenso social que trace las líneas fundamentales sobre las cuales se defina la nueva ley de partidos, porque es evidente que las cúpulas de los partidos no parecen estar interesadas en plantear soluciones que dirijan sus agrupaciones por las sendas de la democracia interna, la transparencia en el manejo de los recursos y la observación cabal de los principios constitucionales sobre esta materia.
El fortalecimiento de nuestro régimen político y de la gobernabilidad democrática en sentido general, sólo es posible si las leyes de partidos políticos y de régimen electoral son aprobadas contando con una amplia legitimidad política y social, para lo cual es imprescindible la realización de consultas e iniciativas con toda la sociedad que permitan alcanzar un gran consenso social sobre el tema.
La aprobación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas debe hacerse realidad en el marco de esta legislatura. Los legisladores deben continuar generando los consensos sobre la base de la representación popular, de la consulta con las organizaciones sociales representativas e ir más allá de los límites que continúan imponiendo las directivas y estructuras de los propios partidos políticos.
