La sentencia del Tribunal Constitucional que quita los requisitos a las organizaciones sociales para presentar candidaturas independientes a cargos desde la presidencia de la República hasta vocal de distrito, abre una puerta que facilita el avance de postulantes con discursos populistas hasta el financiamiento de proyectos a cargos de elección popular con dinero del crimen organizado.
La sentencia del Tribunal Constitucional que establece una nueva modalidad para la presentación de candidaturas independientes, es decir que no tienen que ser sustentadas por los partidos políticos establecidos y no pone ningún requisito a las organizaciones que quieran postular candidaturas, pone en riesgo la estabilidad del sistema de partidos políticos que ha tenido el país y reta a la Junta Central Electoral (JCE) para el montaje de las elecciones.
La sentencia abre la compuerta para que figuras sin trayectoria política puedan presentar candidaturas presidenciales sin el filtro de los partidos políticos. La encuesta de cultura política que presentó este año el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, establece que el 32.7% de la población es indiferente a la democracia, y que los votantes más jóvenes, de entre 18 y 44 años, muestran mayor desinterés con el modelo democrático.
Según ese mismo estudio, el 64% se muestra poco satisfecho con la democracia y apenas el 30% muestra satisfacción con ese sistema de gobierno. El factor de la polarización con personas extremadamente insatisfechas y las insatisfechas, también salió a relucir en la referida investigación. En los países donde las figuras populistas con discursos antipartidos han llegado al poder, la ciudadanía ha mostrado desafección con los partidos y la calidad de la democracia.
Otro problema que crearía la sentencia de la corte constitucional, es relativa al control de los recursos que financian la política. Por ejemplo, esas organizaciones independientes no recibirán el dinero que el Estado les aporta a los partidos políticos, pero tampoco tendrían control para que esos proyectos puedan ser financiados con dinero de origen ilícito como el narcotráfico.
En las elecciones de 2020, al menos tres diputados fueron electos y luego fueron acusados de vinculación al crimen organizado y lavado de activos. Esos candidatos resultaron entre los más votados en las demarcaciones en las que se postularon. El costo de las campañas políticas es uno de los temas de mayor preocupación del sistema político y electoral de la república Dominicana.
Tácito Perdomo, delegado del Partido Reformista criticó el fallo y afirmó que atenta contra el sistema de partidos y que “es una anarquía lo que se pretende hacer” por cómo manejar miles de candidaturas.
La JCE tendría gran reto para montaje de comicios
La posibilidad de que se presente una cantidad impredecible de candidaturas independientes debido a las facilidades para esos fines que plantea la sentencia del TC, representa un gran desafío para la JCE para el montaje de las elecciones y además aumentaría el costo y dificultaría la logística. El órgano electoral se estaría enfrentando a un contexto sin precedentes en la historia electoral del país por el impacto del fallo de la corte constitucional.
