Diversos sectores calificaron el pedido de juicio político como improcedente e intromisión de un poder en otro
El pedimento del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, de que sean investigado tres jueces del Tribunal Superior Electoral respecto a una sentencia contra el Partido Revolucionario Dominicano, ha provocado una avalancha de cuestionamientos de distintas instituciones de la sociedad civil, política y de la comunidad jurídica.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó que no tiene ningún asidero legal y calificó como improcedente la solicitud de Pared Pérez.
La Finjus aclaró que el Tribunal Superior Electoral acogió y acató los puntos juzgados y exhortados por el Tribunal Constitucional respecto a que se juzgara la regularidad de las convocatorias a las reuniones en apego a las disposiciones estatutarias del partido y que se respetara la garantía del derecho de defensa de la parte demandada.
“El TSE al volver a instruir el proceso permite la inclusión de pruebas nuevas y otros argumentos, además declaró válida las convocatorias y demás por cumplir con los requisitos mínimos de los estatutos, lo cual era el criterio del TC. El Tribunal Superior Electoral vuelve a anular la convención y demás reuniones del PRD, pues cuando se instruyó nuevamente el proceso, la parte demandada incluyó un listado de concurrentes a la reunión del comité ejecutivo que no demuestra cumplimiento de quórum necesario para validar la reunión”, argumentó el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Sostuvo que es de ahí que se declara la nulidad de la misma por falta de quórum y, en consecuencia, la nulidad de sus decisiones.
“En ese sentido, en este caso el Tribunal Superior Electoral no desacata al TC ni parecería ajustarse a la tesis del ‘choque de poderes’. Sino que acogiendo el criterio de constitucional, se extrae de las pruebas aportadas la nulidad de la referida reunión. Por lo que no tiene ni sentido, ni asidero legal”.
PC dice es intromisión incalificable
Participación Ciudadana, rechazó las amenazas los pronunciamientos de Pared Pérez e indicó que son claros signos de la intolerancia que suele dar paso a la dictadura y constituye una intromisión incalificable.
PC expresó que entiende que se trata de un mensaje mordaza que va mucho más allá del Tribunal Superior Electoral, y afecta a todos, desde periodistas, sociedad civil, entidades públicas, aún aquellas autónomas como la Junta Central Electoral.
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“Pared Pérez debe retirar sus palabras y pedir disculpas al país por afectar el clima democrático que es su deber fortalecer como presidente del Senado”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.
La organización reiteró que debe investigarse la denuncia de que ministros del gobierno presionaron para que se modificara la sentencia del Tribunal Superior Electoral y de que se retiró la seguridad del presidente aunque la hayan repuesto posteriormente.
“Es lamentable esta situación que ocurre justo después de un proceso irregular de sustitución de algunos jueces independientes de la Suprema Corte de Justicia llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura, controlado por el oficialismo.
Alertamos a la Nación antes estos signos de intolerancia que ponen en riesgo la imperfecta democracia dominicana”, señaló.
Cámara de Diputados examinará solicitud
El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, informó que examinará la solicitud y se le dará el curso correspondiente.
Camacho reconoció el derecho que posee el también secretario general del PLD, como presidente del Senado a solicitar a la Cámara indagar si el Tribunal Superior Electoral violó o incumplió el mandato de la Ley. “Ese es un derecho que tiene el presidente del Senado en el marco de su jerarquía, declaró a la prensa Camacho.
De acuerdo a la Constitución, en su artículo 83, para conocer el pedido de interpelación en la Cámara de Diputados, al menos tres diputados deben someterlo y debe ser aprobado por la 2/3 partes de la matrícula.
Si los diputados encuentran que hubo faltas graves en el ejercicio de sus funciones acusará ante el Senado. La persona acusada quedará suspendida desde que la Cámara declare que ha lugar la acusación. Si el Senado haya culpabilidad la persona será destituida de su cargo y no podrá desempeñan ninguna función pública en diez años.
PRM, Foppredom y BIen Común
En tanto que el Partido Revolucionario Moderno llamó a la sociedad a exigir respeto a la independencia judicial.
Acusó al presidente del Senado, del uso de la coacción e intimidación a jueces para controlar la justicia. “El PLD se ha mantenido en el poder mediante el uso de tácticas de un poder abusivo, lo que ha ido destruyendo la institucionalidad democrática, hasta llegar al peligro de que el presidente del Senado y Secretario del PLD se sienta con la total autoridad de atentar contra el sagrado principio de separación de los poderes del Estado”, expresó el PRM en un comunicado.
Expuso que ese partido abusa constantemente del control hegemónico que ejerce sobre los poderes públicos, en sus pretensiones de convertir el sistema político en uno de partido único.
Afirma que de presentarse la solicitud de juicio político ante el hemiciclo, el partido los legisladores votarán en contra.
Mientras que el presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), Elías Wessin Chávez, calificó como reprochables los pronunciamientos.
“Aún sin entrar en el análisis del fondo del caso, entendemos que ese tipo de exabruptos son los que cada día deterioran el ya precario estado de derecho e institucionalidad del país. Dichos pronunciamientos, por venir de representantes de otro poder del Estado, que ni siquiera son parte de la litis, son lacerantes e inadmisibles en un estado donde se respete la soberanía de la justicia y la independencia de los poderes públicos”, dijo.
En tanto que la iniciativa Bien Común advirtió que dichas declaraciones colocan a la cúpula del PLD y a su gobierno en una deriva autoritaria a la que solo le “faltaría mandar matar abiertamente a los adversarios políticos”.
Olivares dice Reinaldo amenazó JCE en 2010
El ex juez de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares reveló que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, amenazó en el 2010 a los miembros de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral para que no abrieran una valija que podría cambiar los resultados de la elección de la senaduría de Pedernales.
“En las elecciones del 2010 cuando la Cámara Contenciosa ordenó a unanimidad abrir la valija que contenía las actas que daban al PRD la senaduría de Pedernales, Reinaldo Pared Pérez amenazó a los jueces. Tres cambiaron su decisión. Aura Fernández y yo desafiamos su autoritarismo”, dijo Olivares.
Zovato: “hay que blindar y defender órganos electorales
El director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, Daniel Zovatto, manifestó a través de su cuenta de Twitter preocupación por la posible amenaza de juicio político. “Las sentencias de los TE se acatan o se apelan vía recursos y ante instancias q prevé la ley electoral. Pero es absurdo amenazar con hacerle juicio político por no estar d acuerdo con la sentencia”.
Dijo que la salud de la democracia y la integridad electoral dependen, en gran medida, de la legitimidad y credibilidad d las instituciones electorales. “RD enfrentará en 2020 un proceso electoral de gran importancia. Es responsabilidad de todos blindar y defender sus órganos electorales: JCE y TSE”.
“Preocupa que venga del Senado”
El diputado peledeísta, Demóstenes Martínez manifestó preocupación porque el pedimento provenga del presidente del Senado ya que “el juez está actuando como acusador”. “La Constitución plantea que la Cámara de Diputados funciona como acusadora y el Senado es el que juzga. Entonces lo que hemos tenido es que el juez, que es el Senado, el presidente del Senado le ha pedido al fiscal que acuse, entonces ya él está prejuiciado, significa que cuando llegue allá lo podrá sancionar”. Consideró que el mecanismo debió ser diferente.
No tiene asidero legal la petición del presidente del Senado. Es totalmente improcedente”. Servio Tulio Castaños Guzmán Vicepresidente ejecutivo finjus |
Deploramos que imbuido por la soberbia, amenace a representantes de otro poder del Estado”. Elías Wessin Presidente Foppredom |
El ha pedido al fiscal que acuse, entonces ya él está prejuiciado significa que cuando llegue allá lo podrá sancionar”. Démostenos Martínez Diputado PLD |
A nadie debe sorprender el comportamiento autoritario e inquisidor del poderoso secretario general”. Eddy Olivares Exjuez Junta Central Electoral |