SANTO DOMINGO.– El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en voz de su presidente y líder, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, emitió un comunicado este miércoles para advertir sobre el preocupante deterioro de la situación que enfrenta la República Dominicana ante lo que denominó “un elevado grado de incompetencia gubernamental que se revela en el desplome y carestía de los servicios básicos, incremento del crimen y la inseguridad”.
Asimismo, llamó la atención sobre el menoscabo progresivo de los sistemas de salud, educación y seguridad social en el país.
A continuación, el comunicado íntegro del PRD
COMUNICADO AL PAÍS
Por la gente y la democracia:
Con el propósito de velar por una República Dominicana en capacidad de superar los graves retos que nos plantea la actual crisis nacional e internacional, comparecemos hoy ante ustedes en nombre del Partido Revolucionario Dominicano para hacer un llamado a las autoridades de gobierno y al liderazgo nacional en todas sus vertientes a hacer conciencia ante el marcado deterioro que acusa el país, en su norte de garantizar el Estado de derecho, el orden institucional y el bienestar de la población, elementos vitales para la fortaleza y sostenimiento de la democracia y la gobernabilidad.
Desde nuestra óptica, siempre enmarcada en un ejercicio político crítico y propositivo, el país acusa un elevado grado de incompetencia gubernamental que se revela en la carestía de los alimentos, el deterioro y aumento del costo de los servicios públicos, el desempleo, incremento del crimen y la inseguridad, así como el desplome de los sistemas de salud, educación y seguridad social.
Ante este preocupante cuadro, la actual administración se empeña en dar palos a ciegas, donde predomina la improvisación que conlleva al fracaso y pone en evidencia la incapacidad del gobierno para afrontar la crisis que ha desmejorado la calidad de vida de nuestra gente.
Lejos de reconocer estas falencias que, en el caso de los precios y los servicios atormentan al pueblo, y sin que se observen señales en la dirección de propiciar un clima para el diálogo y la concertación, lo que se percibe en el gobierno es una administración indiferente, petulante y excluyente.
A este errático desempeño, el sector oficial suma la provocadora postura de propiciar e imponer leyes y resoluciones que ponen en riesgo la seguridad jurídica o la leal competencia, como acontece con el régimen de importaciones, entre otras.
Constituye un golpe a la clase media el despropósito gubernamental de gravar las compras por Internet y colocar impuestos a plataformas digitales como Airbnb que, además de contribuir al aumento del turismo, también estimulan la industria de la construcción.
Igual ocurre en el campo de la salud, donde, por ejemplo, se cuadruplican los casos de dengue, colapsa el programa de Atención Primaria y es insuficiente la inversión en medicinas y equipos en la red nacional de hospitales.
¿De qué manera no reclamar salirle al frente a situaciones que nos degradan y atormentan como ocupar el primer lugar en todo el mundo en muertes por accidentes de tránsito y estar colocados en el fatídico número uno en el Caribe en casos de fallecidos intentando abandonar el país en frágiles embarcaciones, como lo acaba de establecer la Organización Internacional para las Migraciones?
Estamos compelidos a detener el acoso sobre nuestra pujante, productiva, pero sacrificada clase media, agobiada por una carga de costos operativos en sus pequeñas y medianas empresas y por los efectos de la carestía en la canasta básica familiar.
En otro orden, llama la atención que mientras se enfatiza en la persecución de la corrupción, en una batalla que todos debemos respaldar, se perciben excesos y violaciones al debido proceso que terminan por desacreditar el buen propósito de esas acciones, afectando la imagen del sistema de justicia, mientras, por otro lado, no cesan los escándalos y escarceos en licitaciones y compras en diferentes instancias del actual gobierno.
Crisis en Haití
Merece una atención especial la preocupante situación en Haití, cuya crisis política e institucional constituye una grave amenaza a nuestra seguridad y estabilidad económica, política y social.
Reiteramos nuestra advertencia acerca de la posibilidad cierta de una guerra civil en Haití de imprevisibles consecuencias para la República Dominicana.
Nuevamente, llamamos la atención del gobierno para que pase del discurso a los hechos y asuma con decisión y firmeza su sagrada responsabilidad de proteger el interés nacional y salvaguardar nuestra soberanía.
El país precisa, de igual manera, de mayores esfuerzos en nuestro reclamo a la comunidad internacional para que intervenga en la búsqueda de solución a la crisis haitiana que empeora y que nos golpea con masivas incursiones de ciudadanos haitianos indocumentados, constituyéndose en una peligrosa amenaza para nuestra nación.
Por eso reiteramos el llamado a la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), Para que, atendiendo a sus facultades, implemente la conformación de un bloque de fuerza regional para promover la pacificación, estabilidad y la institucionalidad que permitan lograr el escenario adecuado para la celebración de unas elecciones libres y democráticas en el vecino país.
Para afrontar con éxito la situación calamitosa de Haití y el consecuente éxodo ilegal masivo hacia nuestro territorio se requiere la unidad de todos los dominicanos para preservar la integridad de la nación y, especialmente, la coherencia de quienes nos gobiernan.
Es inconcebible e inaceptable que en el propio seno del gobierno haya voces disonantes que, además de ir contra la postura oficial del país ante la comunidad internacional sobre la situación en Haití, se atrevan a propalar ofensas contra el pueblo dominicano sin que el presidente de la República tome medidas claras y firmes para reivindicar el respeto por la dominicanidad.
