Participación Ciudadana manifestó preocupación por que los grandes casos de corrupción judicializados por el Ministerio Público en el pasado cuatrienio sean declarados extintos y los presuntos corruptos queden impunes.
Al presentar el primer informe del observatorio de casos de corrupción, en la que se toman como referencia los casos Antipulpo; Coral y Coral 5G; Medusa y Calamar, refiere que, por sus características y gravedad de los hechos denunciados, han sido calificados de emblemáticos y sobre los cuales el país merece y espera decisiones de fondo que condenen o absuelvan a los imputados sobre la base de las pruebas presentadas.
“La decisión de emitir informes detallados sobre la marcha en los tribunales se debe al peligro de que, a pesar de la gravedad de los hechos imputados y debido a las dilaciones que presentan los mismos, puedan terminar en la extinción de la acción penal, por la llegada del plazo de duración máxima del proceso sin una decisión sobre el fondo”, refiere.
Considera que esos casos de corrupción avanzan muy lentamente, caracterizados por innumerables incidentes y exceso de permisividad, como la de obligar a la lectura íntegra del expediente en la audiencia preliminar.
“Todavía, con una buena administración de los procesos, los tribunales tienen la oportunidad de impartir justicia, imponiendo el interés supremo de la sociedad, de que el sistema de justicia deje de ser burlado por quienes tienen recursos y poder para imponerse”, afirma.
Recuerda que en Antipulpo se imputa sustracción en perjuicio del Estado entre los años 2012 y 2020 por RD$4 mil 796 millones de los fondos públicos, al obtener contratos millonarios con diversas instituciones del Estado, practicando tráfico de influencias.
En Coral, un grupo de personas son acusadas de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través de nombramientos irregulares, ventas de especialismos y otras anomalías en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
En Medusa el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otras 40 personas y 22 sociedades son imputadas de estafar al Estado por más de RD$6,000 millones.
