La relación crimen organizado-partidos políticos es de hace varias décadas
La relación simbiótica entre el crimen organizado y la política dominicana data de varias décadas atrás. Sin embargo, la condena a 16 años de prisión contra el exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, el primer legislador dominicano sentenciado por narcotráfico, pone nuevamente sobre el tapete la nefasta influencia del tráfico de drogas en los círculos de poder, develando inéditos episodios de esta perniciosa alianza.
En cada ciclo electoral, los principales partidos políticos se han visto envueltos en acusaciones de haber recibido financiamiento proveniente de los cárteles del narcotráfico lo que se traduce en una grave infiltración del crimen organizado en los más altos niveles del Poder Ejecutivo.
El imputado narco César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, fue grabado afirmando que en 2016 financió la campaña del expresidente Danilo Medina, quien admitió haber recibido el dinero, pero negó saber que fuera producto del narcotráfico.
Denuncias similares se remontan a varios años atrás. Figueroa Agosto presuntamente ayudó a financiar la campaña presidencial de Miguel Vargas Maldonado, que negó cualquier vínculo con el narcotraficante.
Además, Quirino Paulino Castillo afirmó que entre 2002 y 2004 gastó millones de dólares en las campañas electorales del presidente Leonel Fernández, del PLD. Este no respondió.
La infiltración de individuos ligados al tráfico de drogas en las estructuras partidistas ha dejado a su paso una escandalosa estela de hechos que han sacudido los procesos democráticos del país, y pusieron al desnudo la fragilidad institucional que aqueja a la democracia dominicana.
Conozcamos algunos políticos que han sido condenados:
El 28 de marzo de 2024, una corte federal de Estados Unidos condenó al exdiputado del PRM por Santiago, Miguel Gutiérrez Díaz, por su participación en una vasta red de narcotráfico que logró introducir en territorio estadounidense más de cinco mil kilogramos de cocaína.
Gutiérrez Díaz fungía como enlace clave, encargado de obtener la cocaína de los proveedores en República Dominicana e invertir en los cargamentos que luego eran importados a territorio estadounidense. Las ganancias ilícitas ascendieron a 7.5 millones de dólares solo por la venta de la droga, fondos que el exdiputado debió lavar a través de cuentas bancarias a nombre de sus familiares y empresas pantalla. En total, se estima que entre 2014 y 2020 la organización criminal lavó 6 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Parte del botín se empleó en la adquisición de propiedades en Miami y lujosos relojes Rolex, los cuales, junto a varios vehículos, fueron incautados por las autoridades estadounidenses tras el arresto de Gutiérrez Díaz en 2021. En República Dominicana también se le confiscaron cuantiosas sumas de dinero en efectivo, relojes y vehículos.
El 16 de marzo del 2022, Jeremías Jiménez Cruz, de 52 años, fue condenado a 15 años de prisión por usar su posición de cónsul en Jamaica y contactos en el Gobierno para importar cocaína a los Estados Unidos. Jiménez Cruz usó su posición, conexiones y aviones para traficar grandes cantidades de cocaína, incluso para importarla a los Estados Unidos y lavar las ganancias de las drogas.
Jiménez Cruz fue un político muy activo, que presidía el Movimiento Nacional Cristiano. Este inició su carrera diplomática en el 2004 cuando fue nombrado como vicecónsul en Frankfurt, Alemania. En el 2008 fue nombrado cónsul General de la República Dominicana en Jamaica cargó que ocupó por 9 años.
Meses después específicamente, en noviembre del 2022, Domingo Javier, conocido como Mingo Zacaría, de 56 años y que aspiraba a ser director de distrito por el PRM en San Francisco de Macorís, fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de tráfico de drogas.
La condena se sustentó en un operativo realizado en julio de 2019, cuando Javier fue detenido en la Autopista del Nordeste con 91.43 kilogramos de cocaína ocultos en su vehículo.
En agosto del 2019, Bolívar Matos Féliz, quien fuera regidor por el partido Fuerza Nacional Progresista en Bahoruco, provincia Barahona, fue hallado culpable de estar involucrado en el tráfico de 1,026 kilogramos de cocaína incautados en diciembre de 2017, y condenado a 7 años de prisión.
A pesar de que su escaño municipal resultó clave para que su partido preservara su personería jurídica en las elecciones, Matos Féliz terminó siendo señalado como uno de los cabecillas de una red de narcotraficantes desarticulada tras el decomiso del cargamento de droga valorado en millones de dólares.
En junio de 2019, fue condenado a 10 años de prisión Pascual Aristy Novas, regidor del PRM por el municipio de Jimaní, junto a su esposa María de la Cruz Zarzuela Fragoso y su asistente José Javier Familia Encarnación, al ser hallado culpables de narcotráfico.
El caso se remontaba a enero de 2018, cuando detuvieron a la pareja y su cómplice cuando transportaban 111 libras de marihuana ocultas en cajas de cartón dentro de dos vehículos, uno de ellos asignado al ayuntamiento. Tras el juicio, la esposa de Novas recibió 8 años y su asistente 6 años.
Los extraditables
En el año 2021, las autoridades dominicanas arrestaron a Equidermio Balbuena, quien fuera director de la junta distrital de Las Galeras en Samaná, entre 2010 y 2016 por el PLD. Su detención se produjo tras ser solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico.
Balbuena fue acusado por la justicia estadounidense de haber utilizado su investidura como funcionario electo para facilitar el tránsito de estupefacientes desde territorio dominicano hacia Norteamérica.
En el 2020, dos prominentes figuras políticas dominicanas vinculadas al PRM fueron solicitadas en extradición por Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Batalla contra el crimen organizado
En los últimos años, las autoridades dominicanas han librado una intensa batalla contra los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado que lograron infiltrarse en las más altas esferas del poder. Las operaciones FM y Falcón fueron dos de los golpes más certeros asestados hasta ahora contra estas presuntas redes criminales enquistadas en las estructuras políticas y gubernamentales.
Todo comenzó en agosto de 2020 con la Operación FM, cuando un fortuito decomiso de más de 4 millones de dólares ocultos en envíos de bocinas procedentes de Estados Unidos desató la primera ola de arrestos. Poco a poco se fue desentrañando una vasta trama de lavado de activos que involucró a nombres como la exdiputada y exviceministra Gladis Azcona, y el exdirector de Migración en Santiago, Juan Isidro Pérez, señalados por movilizar 158 millones de pesos de dudoso origen.
Pero el principal cabecilla resultó ser Juan Gabriel Pérez Tejeda, un empresario que presuntamente movió 219 millones de pesos producto del narcotráfico y estaba asociado a una red desmantelada en Puerto Rico que introducía cientos de kilos de cocaína con ayuda de empleados aeroportuarios.
Gladys Azcona fue del 2012 al 2020 viceministra de Trabajo. Entre 1998 y 2002 fue diputada por el Distrito Nacional por el PLD y volvió a serlo del 2006 al 2010, como representante del Parlacen.
La presunta banda, sometida en el denominado caso FM, también es vinculada con otras dos estructuras de narcotráfico y lavado de activos, una es la que encabeza alegadamente Miky López, y la otra conocida como Falcón.
Legisladores de alto perfil como Rosa Amalia Pilarte, esposa del presunto narco Micky López, también fueron salpicados por el escándalo FM al ser acusados de lavar fortunas provenientes del tráfico de drogas.
