Partidos de oposición piden la cabeza del encargado de la Policía Electoral y del supervisor de las juntas electorales
Los principales candidatos presidenciales de la oposición, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas advirtieron ayer que si el Gobierno central continúa la actitud de supuesto uso de los recursos públicos y recorte de los fondos que corresponden a los partidos políticos para sacar ventaja electoral, el partido oficial estaría creando las condiciones para “una profunda crisis política postelectoral de graves consecuencias, que amenazaría el principal activo de la República Dominicana: su estabilidad política, social y económica”.
En un documento depositado ayer en la Junta Central Electoral (JCE) dirigido a los miembros del pleno, los candidatos presidenciales de la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), los aspirantes a la presidenciales fijaron posición sobre la asignación de los fondos correspondientes a los partidos políticos en el marco de la campaña electoral de 2024.
Según los candidatos opositores, el gobierno central no asignó los fondos correspondientes de 0.5% de los ingresos fiscales y que para este año el monto debe ascender a RD$5,111,750,000, pero que sin embargo el gobierno a través del Ministerio de Hacienda “pretende recortar la mitad de esos fondos, violando de manera descarada la Constitución”.
“El Gobierno pretende de manera descarada recortar a la mitad esos fondos, violando de manera descarada la Constitución y la Ley del Régimen Electoral, con la evidente intención de asfixiar a los partidos de oposición y crear arbitrariamente las condiciones para una competencia electoral totalmente desequilibrada, con la cual se limitará considerablemente la expresión de la voluntad popular”, reza el documento firmado por Vargas, Fernández y Martínez.
Los partidos también se quejan de que además del recorte del dinero, los fondos fueron asignados por la JCE rompiendo la tradición de que los recursos en el año electoral se entregan en los meses entre enero y abril.
“En ese aspecto, requerimos a la Junta Central Electoral que asuma un papel más activo en las exigencias al Gobierno central para que cumpla con su responsabilidad de disponer los fondos establecidos en la ley equivalente al 0.5% y que la entrega de la totalidad se realice a más tardar 30 días antes de las elecciones, como ha sido costumbre en los años electorales”, sostienen.
Advierten que es de vital importancia para los partidos que las cuestiones atinentes tanto al monto asignado como a su distribución en el año electoral sean respetadas de manera irrestricta.
“Queremos externar nuestro absoluto rechazo a la actitud antidemocrática, de manifiesta violación a los derechos adquiridos y reconocidos por el artículo 224 de la ley 20-23 sobre el régimen electoral, en lo tocante al financiamiento público del 0.5% sobre los ingresos de los fondos generales en años electorales por parte del Gobierno central”, expresan.
El mismo documento acusa al gobierno de hacer un uso con fines electorales de las instituciones del Estado como el Plan Social de la Presidencia, Supérate y programas sociales como el Bono Escolar. Establecen que lo expuesto quedó evidenciado en el informe de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Piden cabeza jefe de policía electoral y del supervisor de juntas electorales
Los partidos que representan a la oposición pidieron mediante un documento adoptar una serie de medidas de garantías electorales que permitan el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio, en un clima democrático, para elegir sus autoridades con las garantías que establece la Constitución.
Entre las solicitudes figura que la destitución de la máxima cabeza de la Policía Militar Electoral.
“En virtud de la inacción de la Policía Militar Electoral frente a los delitos electorales ocurridos en los recintos electorales, así como varias acciones llevadas a cabo por los mismos que cuestionan su imparcialidad y rol, que el actual jefe de la Policía Militar Electoral sea removido y en su lugar sea designada otra persona, con el consenso de todos los partidos del espectro opositor”, exige la oposición a la JCE.
Igualmente, piden suspender o reubicar fuera del ámbito electoral al director general de juntas electorales, Ramón Urbáez Mancebo, por supuesta parcialidad y complicidad con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el proceso electoral del 18 de febrero.
Solicitan reestructurar o intervenir las juntas electorales que incurrieron en parcialidad manifiesta en la administración del proceso electoral de sus respectivas jurisdicciones.
“La Junta Central Electoral debe reasignar en las juntas electorales, a los funcionarios de los colegios electorales en coordinación con los partidos para garantizar imparcialidad en el proceso”.
También piden que antes de desdoblar las boletas del nivel presidencial para ser contadas, se verificará la cantidad de boletas que hay en cada una de las urnas, presidencial, Senadores y Diputados, las cuales deben coincidir en los 3 casos con la cantidad de electores que aparecen registrados con sus firmas respectivas en el padrón del colegio electoral.
Más exigencias a la JCE para comicios de mayo
La oposición también pide sustituir a los presidentes y secretarios de colegios que “violentaron los derechos de los delegados y suplentes, e igualmente a aquellos que en los colegios las relaciones de votación de ambos niveles de elección presentan serios e inexplicables descuadres entre ambas”. Piden adoptar varias medidas cautelares en las que se limite el “uso y abuso de los recursos del Estado, como lo prohíbe la ley 20-23 de Régimen Electoral, en sus artículos 209, 210 y 211, que se prohíba la creación de nuevos programas sociales, se eliminen todas las vallas del candidato presidencial del PRM que se han colocado pagados con fondos de la publicidad gubernamental”.
