El voto preferencial y el arrastre, la definición del tope de gasto en las campañas y la designación de un fiscal electoral así como las inauguraciones de obras públicas en período electoral son algunos de los temas pendientes en el estudio de la modificación a la Ley del Régimen Electoral.
La ratificada comisión bicameral que tiene a su cargo la discusión del proyecto, deberá decidir sobre estos cinco puntos desde mañana y hasta la primera semana de febrero, que es la ruta trazada para lograr la aprobación del proyecto en esta legislatura extraordinaria. La convocatoria de la misma vence el 14 de febrero. Las comisión se reunirá lunes, miércoles y jueves, “para acelerar los trabajos”, según informó el senador Arístides Victoria Yeb, presidente de la comisión.
Los legisladores están estancados en estos puntos, en especial el voto preferencial que está consignado en la Ley 157-13, y la aplicación de este a nivel municipal.
Otro tema espinoso es el artículo 194 del proyecto que prohíbe durante los quince días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. También impide al Gobierno Central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías, se realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios con fines electorales durante el plazo de quince días antes de las elecciones. Este tema ha sido igual de difícil que el financiamiento de la campaña y el tope de gastos lo interno de la comisión bicameral.
El fiscal electoral, es una propuesta del Partido Revolucionario Moderno, que no está contemplada dentro del proyecto de ley. Víctor D’ Aza, secretario de la comisión bicameral, explicó que la figura debe instaurarse, ya que el proyecto de ley define los delitos electorales.
“Un fiscal electoral deberá ser designado para perseguir los delitos electorales que están bien definidos en la ley. La metodología para la escogencia, sería a través de una terna sometida ante el Congreso y que cuente con las 2/3 parte de los votos”, dijo D’ Aza.
La comisión bicameral ya ha decidido sobre temas trascendentales como la regulación de las firmas encuestadoras.
La Junta Central Electoral deberá crear un registro de firmas en materia electoral y política que estará bajo la supervisión de la Dirección de Elecciones. Como requisito para la realización y publicación de encuestas, las firmas tendrán que depositar una serie de documentos en la JCE, donde estén los estatutos sociales, la nómina actualizada de accionistas, la composición de consejo de administración, las filiales internacionales, entre otros. También se acordó que siete días antes del proceso electoral se divulguen encuestas.
También la comisión rechazó la propuesta del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez, de que las juntas municipales sean divididas en dos cámaras, una contenciosa y otra administrativa.
Por definir candidaturas independientes
El tema de las circunscripciones electorales ha sido dejado “sobre la mesa”. Dicho acápite regula que la JCE haga ajustes de los escaños de acuerdo a los electores que tenga. Tampoco los artículos relaciones a las candidaturas independientes ha sido evaluado por los comisionados. La propuesta de la JCE indica que dichas candidaturas deben ser presentadas con al menos 75 días de anticipación de las elecciones. Para una candidatura independiente a la presidencia se requiere una organización de cuadros directivos.
