Contraloría encuentra irregularidades en manejo financiero en Inaipi, Superintendencia de Electricidad y en el ITLA
Varios exfuncionarios del pasado Gobierno se encuentran en prisión por supuestas anomalías que en su momento revelaron auditorías que, al igual que las que presenta hoy la Contraloría General de la República, mostraban malos manejos financieros en las instituciones públicas.
Las llamadas “auditorías del cambio” no se diferencian a las que mantienen en prisión a los encartados por casos como Medusa, Antipulpo, Calamar, Coral y Coral 5G, entre otras.
Pero las del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) son subsanables, a decir de la misma Contraloría y de otros órganos de control.
La Contraloría, en un ejercicio de transparencia y escrutinio, develó hallazgos importantes en la administración financiera y operativa del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), entidad encargada del cuidado y bienestar de los más vulnerables
Uno de los hallazgos más controvertidos es el desajuste entre la asignación presupuestaria y la ejecución efectiva, con una brecha de 1,263 millones de pesos. La falta de documentación que justifique estas diferencias y la ausencia de comparaciones de metas físicas y financieras con los presupuestos asignados y las desviaciones ocurridas incumplen las normativas establecidas en las NOBACI de segundo grado, lo que resalta una seria deficiencia en la gestión financiera de la institución.
Los peritos descubrieron un incumplimiento de los términos estipulados en un acuerdo del proyecto firmado con el PNUD. Al acuerdo, que se celebró en el 2018 por un monto inicial de 1 millón 350 mil dólares se le realizó una enmienda el 30 de diciembre del 2020, que aumentó el valor del acuerdo a 12 millones de dólares que al cambiar a pesos dominicanos supero los 600 millones de pesos, este cambio representó un aumento del 800% con respecto al acuerdo original.
Según lo establecido en el acuerdo inicial, las revisiones estaban permitidas únicamente en caso de redistribución anual de los insumos acordados, aumento de los gastos debido a la inflación o diferencias entre líneas presupuestarias de hasta un 20%. La enmienda en cuestión, sin embargo, agregó al convenio principal la adquisición de mobiliario y equipamiento.
Otro de los hallazgos de la auditoría develó que se efectuaron pagos de indemnizaciones a empleados del Inaipi utilizando fondos del Proyecto PNUD, durante una revisión de los desembolsos realizados a través del PNUD, se identificó un desembolso de más de 10 millones de pesos destinado a indemnizar a 110 empleados de la entidad, según una lista proporcionada por la Dirección de Planificación y Desarrollo el 17 de febrero de 2023.
Un dato preocupante es que, de acuerdo con las certificaciones y los registros de gastos proporcionados por el Departamento de Planificación y Desarrollo, no se ejecutó nada del proyecto hasta el año 2021. Además, del monto del convenio modificado por 12 millones de dólares solo se desembolsaron casi 2 millones 500 mil dólares.
Los auditores financieros descubrieron que el monto aprobado para la caja chica superó con los límites establecidos por Contabilidad Gubernamental con un excedente de 70 mil pesos Esta discrepancia, aunque aparentemente modesta en comparación con otras, plantea inquietudes acerca de la disciplina fiscal.
En la auditoría se ha revelado una preocupante discrepancia en el inventario de mercancías, con un excedente que supera el millón de pesos y un déficit de casi 400 mil pesos en 21 artículos almacenados. Además se destaca que, a pesar de la revisión de inventarios al cierre de diciembre de 2020, no se realizaron los ajustes necesarios por las discrepancias que superan los 20 millones en sobrantes y 58 millones en faltantes.
Los auditores identificaron diferencia de los Activos Fijos registrados en SIGEPI versus SIAB: Se ha identificado una diferencia sustancial entre los registros de activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes y en el Sistema de Contabilidad Interna que supera los 298 millones de pesos.
La auditoría también puso al descubierto discrepancias considerables entre las nóminas pagadas y las retenciones informadas con casi 2 millones de pesos en juego. Este hallazgo arroja dudas sobre la administración de los recursos humanos y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Otro hallazgo se relaciona con inconsistencias entre las nóminas pagadas y las notificaciones a la DGII.
En un análisis detallado de las nóminas pagadas durante el período que abarca desde septiembre del 2020 hasta agosto de 2021, en comparación con las notificaciones proporcionadas por la Tesorería de la Seguridad Social se identificó una discrepancia que involucra a 96 empleados y que afecta tanto a las retenciones como al aporte del empleador y la seguridad de riesgo laboral, con montos significativos en juego.
Esta discrepancia se traduce en una diferencia que supera el millón de pesos entre las nóminas y las notificaciones de la TSS. Por ejemplo en diciembre de 2020, se reportaron 64 empleados adicionales en las nóminas en comparación con las notificaciones de la TSS, lo que generó una diferencia en los montos de salarios de 1 millón 142 mil pesos.
Se identificó que Félix Manuel Javier Portes, que ocupa el cargo de encargado del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación en Inaipi, desempeña simultáneamente funciones en la Empresa de Transmisión Eléctrica, sin especificar el puesto, con un salario de 130 mil pesos en el Inaipi y 50 mil en la otra entidad estatal.
SIE
La auditoría realizada a Superintendencia de Electricidad (SIE) reveló múltiples hallazgos que arrojan luz sobre la gestión financiera y operativa de esta entidad clave en la República Dominicana. Estos hallazgos abarcan desde deficiencias en la implementación de normativas hasta problemas financieros significativos que requieren una atención inmediata.
Los peritos. al examinar los cheques emitidos por la Institución para el pago a personal fuera de nómina, se revelaron desembolso que superan los 13 millones de pesos. Estos pagos, efectuados por diversos conceptos entre 2020, 2021 y 2022, no han sido registrados en el Portal de Transparencia.
A continuación, se detalla la distribución de estos pagos por año: en el 2020 se realizaron pagos por casi 3 millones a personal fuera de nómina, para el 2021 subieron a 4 millones, y en el 2022 se efectuaron pagos por más de 6 millones de pesos.
LA SIE realizó compras no contempladas en el plan anual de compras y contrataciones por más de 18 millones de pesos, además fraccionaron compras por un monto que supera los 238 mil pesos.
Durante la revisión de los activos de SIE, los auditores constaron que la Institución adquirió un inmueble en el año 2017, y a la fecha el mismo continúa registrado a nombre de un tercero.
Uno de los hallazgos señala una deficiencia importante en los controles financieros de la SIE. La falta de firma de revisión y aprobación de las conciliaciones bancarias durante un período de casi dos años indicando una debilidad en la supervisión y el seguimiento de las transacciones financieras.
Los peritos establecen que existe una diferencia entre las adiciones registradas en el Auxiliar de activos fijos y las adiciones reportadas en la DGII. Esta discrepancia superó los 20 millones de pesos. De igual manera, se identificó una diferencia de más de 4 millones de pesos entre los activos fijos registrados en los procesos de compras y los reportes de recepción de bienes.
En adicción a esto, los auditores señalan que existe una diferencia entre el auxiliar de activos fijos y los presentados en los estados financieros que supera los 5 millones de pesos.
ITLA
Auditores de la Contraloría General de la República, arrojan luz sobre diversas anomalías en el Instituto Tecnológico de Las Américas, que involucran miles de millones de pesos, los cuales abarcan desde la inconsistencia en el registro de vehículo, ingresos no depositados en la Cuenta Única del Tesoro hasta terrenos a nombres de terceros, entre otras incompatibilidades.
Conforme a la auditoría, el Estado no puede cuantificar con exactitud los bienes que posee el ITLA, ya que la misma tiene registrado más de 391 millones de pesos, en sus activos fijos, sin embargo, al cruzar estos con los registros del Sistema de administración de Bienes, el monto son 16 millones de pesos para una diferencia de 375 millones de pesos.
Los auditores establecen que, durante el proceso de auditoría practicado a la gestión de Omar Méndez, se observó que los terrenos donde están ubicadas las instalaciones del ITLA, valorados por más de 109 millones de pesos, solo una pequeña porción de estos terrenos corresponde al Estado dominicano, porque no existe ni está en trámite ningún certificado de título, emitido a favor de la institución y la gran mayoría de estos están registrado a nombre José Evangelista Rodríguez.
Los resultados arrojan que durante la auditoría los peritos observaron que para abril del 2021, fueron registrados distintos suministros por concepto de Inventario de Materiales y Suministros de Oficina por casi 4 millones de pesos en balanza, mientras que en físico este tenía un valor inferior a 3 millones 102 mil pesos, con una diferencia de 790 mil pesos.
La diferencia se expresa en el inventario de Área Robótica, donde visualizaron en la balanza más de 5 millones de pesos y en físico tenía 3 millones de pesos; igual en el almacén de Libros, Diccionarios, y Calculadora Científica.
En el informe los peritos citan inconsistencia en el registro de vehículos entre la DGII versus ITLA, donde se observó que en la página digital de Impuestos Internos se exhibe un total de 9 vehículos, mientras que en los registros del Departamento de Transportación solo presentan 8.
Durante la experticia se registraron Ingresos extrapresupuestarios no depositados en la cuenta Única del Tesoro, por más de 5 millones de pesos, según el documento estos fueron depositados en una cuenta del Reservas para suministrar gastos administrativos de la Institución.
Los auditores establecen que, al revisar los procesos de compras del ITLA, observaron que la institución incurrió en fracciones al realizar compras directas, por más de 374 mil pesos, por concepto de habilitación de nuevas aulas de Software y oficinas, que debieron ser realizadas por el proceso de compra menor, lo cual conlleva agotar un proceso de compra.
Las compras fraccionadas fueron realizadas a la empresa Multicómputos, por ejemplo, el lunes 22 de marzo del 2021, le compraron gabinetes para organizar cableado por casi 125 mil pesos, al día siguiente, el martes 23, adquirieron cajas de cable de red a la misma empresa por 119 mil pesos y al otro día, miércoles, le compraron conectores por 130 mil pesos, todas estas compras fueron realizadas por debajo del umbral.
