El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) remitirá hoy a los partidos políticos la respuesta de la solicitud de las agrupaciones de oposición para cambiar a los presidentes y secretarios de 1,510 colegios electorales, por supuestas faltas en las elecciones municipales de febrero.
El órgano electoral envió ayer a los partidos políticos una matriz con las fechas de las respuestas a 58 solicitudes formuladas por las organizaciones desde marzo hasta abril.
El órgano afirmó que desde el pasado 10 de mayo se trabaja con la solicitud de los partidos sobre cambiar a los presidentes y secretarios de 1,510 colegios electorales.
En cuanto a la petición de sustituir al director de la Policía Electoral, mayor general, Juan José Otaño Jiménez, se ratifica que la seguridad del proceso electoral es una responsabilidad de la JCE, la cual es ejecutada por la Policía Militar Electoral, y que este es un mandato constitucional indelegable del pleno de la Junta Central Electoral.
Resoluciones
Explica que se emitió la resolución 18-2024, el 12 de marzo pasado, la cual establece el protocolo para la seguridad de la cadena de custodia y de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral durante las Elecciones.
El 10 de abril pasado fue emitida la resolución 30-2024, que crea la posición de Coordinador de Recintos Electorales y habilita la figura del Delegado de Recinto Electoral, de fecha diez (10) de abril de 2024.
Asimismo, la resolución 37-2024, que autoriza acreditar un delegado de recinto electoral en aquellos recintos que tengan uno y hasta dos colegios de fecha 9 de mayo de 2024.
En la comunicación enviada por la órgano electoral a los partidos políticos de oposición, destaca que no se está respondiendo hoy a las peticiones, “toda vez que las mismas han tenido respuesta en el transcurrir de los meses indicados, respetando los plazos establecidos en el calendario electoral y el desarrollo de las actividades administrativas electorales con miras a las elecciones del 19 de mayo de este 2024”. La JCE reiteró a todos los actores políticos las garantías de unas elecciones seguras, pacíficas, transparentes, cívicas e íntegras. “Es nuestro compromiso velar por el cumplimiento de los procesos democráticos y garantizar la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral”.